Una de cada cuatro quejas que recibió el Síndic de Greuges el año 2018 era relacionada con los derechos civiles y políticos. Esta cifra supone un repunte significativo -casi el doble- respecto del 2017. Así se desprende del informe anual que ha presentado hoy Rafael Ribó al presidente del Parlament.
Se recogen conclusiones alarmantes como que "la catalanofobia es estructural y persistente en los últimos tiempos". Y detalla algún ejemplo. Es el caso de la página web que el Ministerio del Interior activó hace un año para que los ciudadanos denunciaran a título particular delitos de odio relacionados con la situación en Catalunya. Según el Síndic, el gobierno español "animaba a denunciar incidentes producidos por personas de origen catalán" y entiende que eso "puede promover todavía más la animadversión hacia el catalanismo, en un periodo que no tiene que ver con la normalidad democrática."
El estudio denuncia también un uso abusivo del artículo del código penal referido al enaltecimiento del terrorismo, el 578, y que "las autoridades judicial lo utilizan para reprimir expresiones de carácter político". Avisa de que eso tiene "efectos devastadores para las personas". Al mismo tiempo, expone como potenciales transgresiones de la libertad de expresión el hecho de que la fiscalía denuncie por delitos de odio y que se abran procedimientos penales contra los que han protestado por la actuación policial del 1-O.
Reproches a algunos dirigentes políticos por su tono crispado
El informe del Síndic expresa con contundencia el "rechazo del uso del insulto, el desprecio y las descalificaciones colectivas como las que utilizan algunos cargos institucionales y dirigentes de partidos políticos de diferente signo". Es más, evidencia que estas actitudes suponen "un obstáculo al diálogo, aparte de resultar ofensivas para amplios sectores de la sociedad".
El conflicto lingüístico, una invención
Durante la presentación del anuario, Rafael de Ribó ha aprovechado para destacar que las denuncias que han recibido este 2018 vinculadas a temas culturales y lingüísticos representan un porcentaje ínfimo. Concretamente el 0,4%, que en cifras absolutas quiere decir 42 quejas. Para Ribó, estos datos evidencian que "no existe un conflicto lingüístico en Catalunya".
La vivienda todavía es la asignatura pendiente
El alza más considerable de quejas sigue registrándose en el ámbito de las políticas sociales. La situación es especialmente dramática en el caso de las personas en riesgo de exclusión social. Nunca como hasta ahora el Síndic había recibido tantas quejas en que un mismo individuo aglutinara tal cantidad de problemas. En la mayoría de casos, las víctimas son mujeres. El Síndic reprocha a las administraciones la falta de respuestas adecuadas ante los desahucios. E insta a las instituciones a ponerse las pilas.
A lo largo de 2018, el Sindic de Greuges ha recibido un total de 10.495 quejas procedents de 14.000 personas.