El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer que si la reforma aprobada por el parlamento catalán para agilizar el proceso de independencia y "desconexión" del Estado incumple alguna ley, el Gobierno procederá a su "impugnación". "Si estimamos que la decisión incumple la normativa estatal o autonómica procederíamos a su impugnación", dijo el ministro en la rueda de prensa celebrada al final de la conferencia sectorial de Justicia.

No obstante, Catalá apuntó que el primero es "estudiarlo" por parte de los servicios jurídicos del Gobierno, de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado pero que, en cualquier caso, "la obligación de todos los gobiernos es que se cumpla las leyes en España porque nadie esta por encima de la ley".

Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solicitó un dictamen urgente del Consejo de Estado sobre la citada reforma, que pretende delimitar los plazos de debate y tramitación de propuestas legislativas con las que los partidos independentistas catalanes quieren impulsar una separación rápida de España. Catalá también puso énfasis en la "responsabilidad tan relevante que tiene el poder legislativo" de aprobar leyes, la cual "parece que tendría que estar acompañada de un procedimiento de debate y análisis". Por eso, para Catalá, "suprimir todas estas formalidades para hacer trámites expreso no parece muy concorde con la labor de un Parlamento".

En relación con la posibilidad de que el Govern de la Generalitat se plantee denunciar a la Guardia Civil o al juez que ha ordenado los interrogatorios a altos cargos del Gobierno por el referéndum -entre ellos al secretario general de Presidencia de la Generalitat, Joaquim Nin, y al director general de Atención Ciudadana- el ministro dijo que se encuadra dentro de las "reglas del Estado de derecho".