Las detenciones de este lunes de miembros de los CDR por parte de la Guardia Civil por supuestos delitos de terrorismo no son las primeras que hace este cuerpo policial a miembros de este colectivo.

En abril del 2018, y también por orden de la Audiencia Nacional, se detuvo la activista de Viladecans Tamara Carrasco y se intentó hacer lo mismo con Adrià Carrasco, de Esplugues de Llobregat. Este último, sin embargo, pudo huir a Bélgica, mientras Tamara Carrasco era obligada a permanecer permanentemente en su término municipal.

Meses después, en noviembre, la Audiencia retiró las acusaciones de terrorismo y remitió las actuaciones a los juzgados catalanes, que todavía siguen su trámite por desórdenes públicos. Tamara ya puede salir de Viladecans, pero Adrià todavía sigue en Bélgica. A los dos se les acusa de incitar a través de las asambleas de los CDR a cometer desórdenes públicos y a bloquear vías de comunicación.

El caso de Tamara Carrasco

Tamara Carrasco fue detenida por la Guardia Civil el 10 de abril del 2018 y trasladada a Madrid para ser investigada por la Audiencia Nacional por los delitos de rebelión y terrorismo. En noviembre, el magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea decidió dejar de lado la acusación de terrorismo y rebelión y enviar el caso a los juzgados catalanes por un delito de desórdenes públicos. Sin embargo, mantuvo sobre Carrasco la obligación de estar confinada en Viladecans. Seis meses más tarde y después de intensos debates entre los juzgados, la Audiencia de Barcelona acordó que fuera el juzgado de instrucción número 24 de Barcelona y no el juzgado de instrucción número 1 de Gavà quien se hiciera cargo de la causa contra Carrasco. A finales del mayo pasado, la magistrada instructora decidió levantar el confinamiento, casi 14 meses después, por considerarlo desproporcionado, aunque la mantuvo como investigada.

El caso de Adrià Carrasco, todavía en Bélgica

En el caso de Adrià Carrasco, la Guardia Civil lo iba a detener en su domicilio de Esplugues el mismo 10 de abril, pero el activista se pudo escapar justo cuando los agentes estaban en la puerta de su casa y huyó a Bélgica. Se dictó una orden de búsqueda y captura, pero igual que con Tamara, la Audiencia retiró los cargos por terrorismo y se inhibió en favor de los juzgados decanos de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. El juzgado de instrucción número 24 de Barcelona asumió el caso de Tamara, pero remitió el caso de Adrià en los juzgados de Granollers y Vilanova i la Geltrú por los cortes de los peajes de la Roca del Vallès, en la AP-7, y de Vallcarca, en la C-32, respectivamente.

Por otra parte, los Mossos d'Esquadra, la policía española y la Guardia Civil han hecho desde el otoño del 2017 varias detenciones de miembros de los CDR por desórdenes públicos al cortar carreteras o vías de tren, y en algunos de estos casos después de que los investigados no se presentaran voluntariamente a declarar ante la policía o el juzgado.

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