En el plan legislativo del Gobierno, aprobado después de la primera ola, aparecía: aprobar la reforma de los delitos de rebelión y sedición antes de que acabe el año. En las últimas semanas, sin embargo, este compromiso se ha ido enfriando y diluyendo cada vez más hasta el punto que ahora el ministro de Justicia dice que no tiene "ninguna fecha exacta" para la aprobación de la reforma del Código Penal en Consejo de Ministros, de donde pasaría a su debate parlamentario. Tampoco ha querido pronunciarse sobre los posibles indultos a los presos políticos hasta que no tengan los informes encima de la mesa del Consejo de Ministros.
En rueda de prensa después del Consejo de Ministros de este martes, Juan Carlos Campo ha rebatido que no se le puede acusar de falta de producción a su Ministerio, habiendo presentado hace poco una nueva ley de enjuiciamiento criminal. Para la reforma del Código Penal se ha limitado a decir que están "trabajando" y que "no tiene ninguna fecha exacta". En todo caso, ha subrayado, "lo verdaderamente importante es que sean textos razonables, sesudos y que tengan el contraste con la armonización con el derecho europeo". Se ha comprometido a aprobar "el texto que merece la ciudadanía".
Sobre los indultos a los presos políticos independentistas, el titular de Justicia tampoco se ha querido mojar. Ha negado de entrada que haya ningún "apriorismo" para tomar una decisión, sino que se valorarán como establece la ley. "Hay que verlo caso por caso" y qué dicen cada una de las partes, desde el Tribunal Supremo hasta la Fiscalía o los mismos presos. "Cuando llegue este momento, se estudiará caso por caso como se hace con todos los indultos que llegan a la mesa del Consejo de Ministros", ha concluido.
Incluso ha habido un tercer frente sobre el que ha evitado emitir una opinión: Arnaldo Otegi. Ayer el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio por el caso Bateragune, después de que el Tribunal de Estrasburgo condenara España por no tener un juicio justo. Como es habitual, Juan Carlos Campos ha destacado que no hace "ninguna valoración sobre procedimientos judiciales". Eso sí, ha dejado claro que los tribunales actúan "sometidos al imperio de la ley y no para criminalizar a nadie".
Insistencia al PP
En cambio, sí que se ha mojado para insistir una vez más al PP de Pablo Casado que acceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace más de dos años. El ministro ha acusado a los populares de ser "constitucionalistas a tiempo parcial". En este sentido, ha rebatido que "la renovación del TC y el CGPJ no es opinable, hay un mandato constitucional que hay que cumplir". Y ha concluido que el bloqueo "no es aceptable en democracia".