El ex secretario primero de la Mesa del Parlament Eusebi Campdepadrós ha declarado este miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que los debates parlamentarios de noviembre del 2019 sobre monarquía y autodeterminación no desarrollaban la resolución del 2015 anulada por el Tribunal Constitucional porque no tenían valor jurídico y eran meramente declarativas.

Ha sido el último en comparecer después de Roger Torrent y Adriana Delgado, y después que Josep Costa no se haya presentado a la citación judicial del TSJC.

Según ha declarado como investigado, la resolución del TC era "ambigua" y los letrados de la cámara consideraron que tenía que predominar la libertad de expresión. Campdepadrós está investigado por desobediencia junto con el expresidente de la cámara Roger Torrent, el ex vicepresidente primero Josep Costa y la ex secretaria cuarta de la Mesa Adriana Delgado.

En su querella, la Fiscalía acusa a Campdepadrós, Torrent, Costa y Delgado de desobediencia por haber admitido a trámite y permitido que se debatiera en el pleno el texto de dos resoluciones, el 12 y el 26 de noviembre. En la primera constaba un compromiso con el ejercicio del derecho a la autodeterminación, mientras que la segunda, una resolución de respuesta a la sentencia del Supremo por el 1-O, reiteraba la reprobación del Rey.

La acusación del fiscal

El ministerio público recordaba en su escrito que la sentencia del TC del 2 de diciembre del 2015 declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlament del 9 de noviembre del 2015 sobre el inicio del proceso político en Catalunya a consecuencia de los resultados del 27-S. El TC acordó la suspensión de las resoluciones parlamentarias y recordó a la Mesa su deber "de impedir y paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada" y los advirtió que podían incurrir en responsabilidades, incluida la penal, si lo incumplían. En su escrito, la Fiscalía consideraba que los cuatro querellados incumplieron esta sentencia al permitir los dos debates.

En el caso del debate sobre autodeterminación, el 28 de octubre del 2019 la CUP-CC registró una moción donde se expresaba la voluntad del Parlament "de ejercer de forma concreta el derecho de la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán". El 29 de octubre la Mesa la admitió a trámite, el 5 de noviembre se desestimaron las peticiones de reconsideración del PPC, PSC y Cs y el 12 de noviembre se debatió y aprobó en el pleno. La Fiscalía recuerda que el mismo 12 de noviembre el TC había admitido a trámite un incidente de ejecución por el incumplimiento de las providencias y que se notificó a los afectados de su "deber" de impedir la iniciativa. No obstante, la resolución del TC llegó justo cuando se acababa de votar la moción, y la Mesa decidió no publicarla en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).

En el caso de la segunda resolución, sobre la reprobación del Rey, la Fiscalía recuerda que el 22 de octubre JxCat, ERC y CUP-CC registraron la propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Supremo que incluía una declaración que afirmaba que "el Parlament reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas la reprobación de la monarquía". La Mesa lo admitió a trámite, el 29 de octubre se desestimaron las peticiones de reconsideración y el 12 de noviembre se debatió y aprobó en el pleno.

La Fiscalía recuerda que en la sentencia de 17 de julio del 2019 el TC ya había declarado inconstitucionales y nulos unos apartados de una resolución del Parlament donde ya se reprobaba la actuación del Rey en relación al 'procés'. En una resolución posterior -25 de julio del 2019- se volvía a reiterar la reprobación al Rey, y el 18 de diciembre el TC declaró nulos otra vez estos incisos.

De hecho, la resolución del Parlament de respuesta a la sentencia –la segunda que motiva la querella- también incluía una defensa del derecho a la autodeterminación, con el compromiso que "el Parlament reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas (...) la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya". Arran de la advertencia del TC, la moción se reformuló para no incumplir la resolución del árbitro constitucional.

Sin Costa y con Torrent

El ex vicepresidente primero de la Mesa del Parlament Josep Costa no ha comparecido en la declaración que tenía marcada a las 5 de la tarde. Costa ha dicho en Twitter que no reconoce el tribunal para juzgar ningún acuerdo del Parlament y que no está "dispuesto a establecer una mesa de diálogo con jueces y fiscales represores, que no entienden la separación de poderes". "El objetivo es derrotarlos en Europa", ha concluido el vídeo colgado a las redes.

Por la mañana han comparecido el expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent, y la exsecretaria cuarta de la Mesa y alcaldesa de Sant Vicenç de Castellet (Bages), Adriana Delgado. Los dos sólo han respondido las preguntas de sus abogados. Torrent ha asegurado que no impidió los debates sobre la monarquía y la autodeterminación en noviembre del 2019 a fin de que el Estado no pueda amenazar cualquier debate parlamentario que no le guste. Según él, los letrados de la cámara no fueron tajantes sobre la ilegalidad de los debates, y sólo expresaron dudas, recordando la advertencia del Tribunal Constitucional. Torrent ha defendido el papel de la Mesa como garante de la libertad de debate en la cámara. Por eso, según él, no paralizó aquellos debates, porque eso podría abrir la puerta al hecho de que el Estado pudiera amenazar cualquier debate sobre un tema que no le interesara.