El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra en el que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que excluya de los anexos de sus informes cualquier información innecesaria o irrelevante para la investigación, así como datos personales ajenos a los hechos que se instruyen. El magistrado ha adoptado esta decisión después de que Zapatero reclamara limitar el contenido incorporado a los informes policiales, a raíz de la difusión de los anexos del informe elaborado el 22 de junio, en el que figuraban sus agendas íntegras y conversaciones de WhatsApp.
En un auto dictado este viernes, Calama traslada esta instrucción de manera expresa a la UDEF y le reclama que los anexos de los futuros informes se limiten "estrictamente a los hechos a los que estos hagan referencia". En este sentido, el magistrado insta a la unidad policial a evitar la incorporación de cualquier información que no sea necesaria para la investigación, así como de datos personales ajenos a los hechos objeto del procedimiento, con el objetivo de que la documentación aportada se limite exclusivamente a los elementos relevantes para la causa.
Con esta decisión, el magistrado da parcialmente la razón a la petición presentada por la defensa de Zapatero el pasado 26 de junio. El expresidente había reclamado al juzgado que adoptara medidas para evitar la "difusión indiscriminada de datos personales", que ordenara a la Policía Judicial limitar la investigación "exclusivamente a los hechos concretos" delimitados en el auto y que devolviera el informe a la UDEF para que eliminara todas las actuaciones ajenas al objeto de la causa. En su resolución, Calama afirma que el tribunal "comparte la preocupación manifestada en relación con la salida al exterior de datos incluidos en estas actuaciones" y recuerda que ya se acordó abrir una investigación para aclarar la autoría de las filtraciones. A pesar de ello, precisa que los anexos incorporados a los informes policiales "no pueden ser objeto de expurgación en sentido propio".
Calama reitera que la documentación que se aporte a partir de ahora deberá ceñirse estrictamente a los hechos investigados y excluir cualquier información innecesaria o datos personales ajenos a la causa. Además, el magistrado ha pedido a la Subdirección General de Impulso e Innovación un informe técnico sobre posibles medidas adicionales para reforzar la protección de los documentos almacenados en la nube y evitar que su contenido pueda ser difundido a terceros sin autorización judicial.