Nuevo envite de la defensa de Josep Lluís Alay -y de Carles Puigdemont- contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de investigar el caso Tsunami como un delito de terrorismo. El abogado Gonzálo Boye ha presentado un nuevo escrito en la Audiencia contra la resolución del pasado 27 de noviembre del juez García-Castellón en qué ordenaba nuevas diligencias ante organismos españoles e internacionales, entre los cuales la OTAN. La defensa de Alay advierte que la investigación se encuentra en una "situación estrafalaria" y reclama al juez que reconduzca el caso a una vía de legalidad, lo cual obligaría, según el abogado, al sobreseimiento de las actuaciones o a su inhibición en favor de los tribunales territorialmente competentes para abordar unos hechos que se están investigando "de forma prospectiva".

"Cualquier otra alternativa nos llevará a un escenario más perverso que el actual y a un dispendio indebido de dinero y recursos públicos, cuantificables, que nada bueno hablan de cómo se administra la justicia cuando se trata de personas que forman parte de un Grupo Objetivamente Identificable de Personas", advierte el escrito en referencia a la descripción que acuñó el TJUE en una sentencia referida a los líderes del procés.

El escrito presentado hoy en la Audiencia denuncia que la investigación del juez está incumpliendo de manera sistemática las normas europeas aplicables, tanto por lo que respecta a las diligencias que ahora reclama, como por lo que afecta al tratamiento de las víctimas de terrorismo; reprocha que se está poniendo a ciudadanos de otro estado miembros de la UE ante una situación no deseada ni prevista, que está comportando "acoso" a los familiares del ciudadano francés muerto durante las protestas en el aeropuerto de El Prat. La defensa, aparte de insistir en responsabilizar al juez de un uso indebido de recursos públicos por finalidades "ajenas a cualquier proceso penal", denuncia también "desviación de poder incompatible con lo previsto en el artículo 9.3 de la Constitución" y "uso poco ético de unos hechos lamentables que distan mucho de ser un asesinato terrorista".

Acoso a la familia de la víctima

El escrito recoge las declaraciones a la prensa de la hija del ciudadano francés que murió durante las protestas de Tsunami en el aeropuerto de El Prat, donde advierte que su padre murió por un problema en el corazón y expresa el convencimiento que se les está utilizando por intereses políticos. Igualmente recoge las palabras del abogado de la familia que amenaza con una denuncia por acoso, después que el caso ya quedó cerrado hace cuatro años.

Boye insiste que, después de que en estos cuatro años "se ha hecho de todo menos investigar los hechos" por los cuales ahora se pretende una investigación por terrorismo, se ha entrado en "una dinámica generadora de indebido gasto público, acordando sin ningún fundamento y en vulneración de derecho fundamental, la emisión de órdenes europeas de investigación el 27 de noviembre, "sin que ninguna sea pertinente, ni útil, ni necesarias sino, más bien, del todo estrafalarias.

El texto denuncia que esta petición no es ni necesaria ni proporcionada, tal como marca la directiva europea, y que se hace sabiendo las razones por las cuales murió el ciudadano francés, por lo cual denuncia que "se estaría abusando de un mecanismo de cooperación jurídico-penal.

Opinión de Francia

Igualmente denuncia que durante estos cuatro años no se ha aplicado a la familia del ciudadano muerto las disposiciones sobre protección, apoyo y derecho de las víctimas del terrorismo, y que no se ha hecho porque "la familia del Sr Scherzinger nunca fue considerada víctima del terrorismo porque siempre se ha sabido que no estamos ante actos terroristas".

El texto muestra interés por conocer la opinión de las autoridades francesas, tanto por lo que respecta la conceptuación que el juzgado hace de una manifestación ciudadana persistiendo en el "intento en criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales", como por el hecho de que "se le haya mantenido en la ignorancia sobre el hecho de que, ahora, se pretende transformar una muerte fortuita en un asesinato terrorista y que de esto sea víctima un ciudadano francés, a la familia del cual, por espacio de más de cuatro años se le ha privado de cualquiera de los derechos reconocidos".