El abogado Gonzalo Boye ha denunciado que Societat Civil Catalana (SCC) usa "fines obstructivos" en el Tribunal de Cuentas (TCu) para demorar aún más la aplicación de la amnistía al president en el exilio, Carles Puigdemont, en la causa de responsabilidad contable por la organización del 1-O. En un tercer escrito presentado este lunes, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, el penalista reclama a la consejera Elena Hernáez que rectifique y no admita a trámite las nuevas diligencias solicitadas por la entidad españolista, ya que con anterioridad las rechazó. Además, le exige que aplique "sin más dilaciones" la amnistía y archive el caso, que también afecta al president Artur Mas, al exvicepresidente Oriol Junqueras y a 33 excargos del Govern por el 1-O y la promoción de Catalunya en el exterior. La reclamación contable es de unos 5 millones de euros, pero la Generalitat ya ha comunicado que no se considera afectada, y la Fiscalía también insiste al tribunal que aplique la norma del olvido penal, como también los abogados de los excargos de ERC.
En su escrito, Boye expone que el plazo de dos meses fijado por la ley de amnistía para resolver una causa se ha cumplido, si se contabiliza desde el pasado 16 de julio, fecha en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló la norma y respondió a las dudas planteadas por el TCu. La consejera rechazó las alegaciones de las defensas, pero el 10 de septiembre dio cinco días para que se posicionaran sobre la ley de amnistía, hecho que se entendió que era la cuenta atrás para que amnistiara a todo el mundo. Boye también le recuerda que el Supremo ha dado por cerrada la hipótesis de la afectación a los fondos europeos para no amnistiar la malversación del 1-O porque el TJUE la ha negado. Además, recuerda a la consejera que pedirá responsabilidades al Estado español por no cumplir la sentencia europea.
"Bloquea" la respuesta final
La consejera admitió a trámite el 17 de septiembre una nueva demanda de SCC, que pide que seis instituciones catalanas documenten los gastos del 1-O, hecho que no había pedido en los cuatro años de la instrucción. La Intervención de la Generalitat ya lo aportó al procedimiento, al ser pedido por las defensas.
Boye manifiesta que SCC claramente quiere "bloquear" el fin del procedimiento porque ha pedido que no se resuelva sobre la ley de amnistía antes de su recurso. La consejera ha pedido la opinión de las partes, hecho que significa retrasar la respuesta final. "SCC no afirma, tampoco ahora, que alguna de las catorce partidas que integran su pretensión se financiara con fondos del presupuesto de la Unión", manifiesta Boye.
El abogado de Puigdemont pone en cuestión la finalidad y los objetivos reales de SCC que marcan en sus estatutos. "La extinción de una responsabilidad contable frente a la Hacienda de la Generalitat, consentida por la misma Generalitat, no afecta a la cohesión ciudadana, a la cultura catalana ni a ningún derecho de los asociados de SCC; la defensa de los valores constitucionales y del Estado de derecho comprende el acatamiento de una ley orgánica cuya constitucionalidad ha declarado el Tribunal Constitucional, y la oposición política a la secesión, fin legítimo de cualquier asociación, no incluye la obstrucción de la aplicación de esta ley en un procedimiento concreto", replica Boye.