Gonzalo Boye, abogado de los presidents Carles Puigdemont y Quim Torra, ya ha declarado en la Audiencia Nacional. El interrogatorio ha empezado sobre las doce y media del mediodía de este miércoles, cuando ha sido citado por la jueza instructora María Tardón. Y antes de la una ya salía por donde había entrado. Aunque la Fiscalía ha pedido medidas cautelares, la magistrada no ha acordado ninguna. Está investigado por un supuesto delito de blanqueo de capitales relacionado con uno de sus antiguos clientes, el narcotraficante gallego Sito Miñanco. Pero en menos de una semana tiene que comparecer ante la nueva euroorden contra Puigdemont cursada por el magistrado Pablo Llarena. Él quiere creer que no tiene nada que ver. Ha dicho estar "muy tranquilo".

La declaración ante la jueza de la Audiencia Nacional ha durado alrededor de unos veinte minutos. Durante la vista, la Fiscalía ha pedido como medida cautelar que Boye tuviera que comparecer los días 1 y 15 de cada mes, pero en cambio no ha pedido la prohibición de salida de territorio español. Según el abogado de Puigdemont, esta petición es "contradictoria" y ha llevado a la magistrada a no adoptar ninguna medida cautelar.

"Hemos venido a aclarar una situación que bajo nuestro punto de vista ya estaba bastante clara", ha asegurado Gonzale Boye a la salida, acompañado de su socia y pareja Isabel Elbal y de otro abogado de su equipo. Ha garantizado que, a medida que avance la investigación, que está declarada secreta, aclararán lo que haga falta. "No tengo nada que ver con blanqueo de capitales", ha defendido el letrado. "La gente puede disparar lo que quiera contra mí, pero lo que no van a encontrar es ningún indicio de criminalidad", aseguró.

Boye ha explicado que los hechos por los que ha sido imputado "serían la existencia de unos contratos con unos pagarés que se habrían utilizado para la recuperación de dinero en el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales)" . Ha recordado que "el Sepblac en su momento consideró que esos hechos no eran constitutivos de delito y simplemente una sanción administrativa a las personas que llevaban dinero".

Preguntado sobre si cree que tiene relación con su defensa de Puigdemont, Boye ha asegurado que "quiere entender que no" y que "no debería ser así". Se aferra a la decisión "muy clara" de la jueza que no adoptar medidas ni limitar su movimiento.

Quince horas de registro

En el marco de una investigación secreta, el pasado lunes el UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) y la Policía Nacional registraron su domicilio y su despacho de abogados en Madrid, durante quince horas. La Audiencia Nacional también investiga dos presuntos testaferros más. La jueza instructora María Tardón lo ha imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales. Fuentes de la Audiencia Nacional aclaran desde el lunes que la operación no tiene nada que ver con la defensa jurídica que hace del presidente en el exilio Carles Puigdemont.

Pero el letrado encuentra "absurda" la imputación y quiere creer que "no es una operación politicojudicial". En una entrevista en RAC1 este martes, Gonzalo Boye denunció que habían copiado el contenido de su teléfono móvil y sus correos electrónicos, pero que, en cambio, no se llevaron ningún documento. Espera que sus mensajes de móvil "no se filtren en la prensa".

Un relator de la ONU, preocupado

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, ha mostrado su preocupación por los "presuntos ataques" contra el abogado Gonzalo Boye. Gacía-Sayán reclamó este martes que el ejercicio de la profesión tiene que estar "libre de influencias, presiones o control político o gubernamental". El relator exigió que las autoridades españolas garanticen las condiciones adecuadas para el libre ejercicio de la profesión.

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