El abogado de Carles Puigdemont y el resto de políticos exiliados de Junts, Gonzalo Boye, ha denunciado desde Bruselas que el auto del juez instructor Pablo Llarena demuestra "una vez más que existe un ánimo persecutorio" contra los líderes independentistas. Boye ha recordado que el juez instructor no aceptó en julio de 2018 la extradición de Puigdemont por el delito de malversación, como le planteó el tribunal de Schleswig-Holstein, y, en cambio, ahora ha decidido perseguirlo por este delito, una vez derogada la sedición por la reforma del Código Penal. "Es una situación como de Groucho Marx, tengo estos delitos y, si no, tengo estos otros", ha ironizado Boye.
Desde Bruselas, donde se ha reunido con los eurodiputados de Junts, Boye ha insistido en que siempre han tenido muy clara la línea de defensa del exilio, que "pasa por acreditar no solo que estos hechos no son delictivos, sino que se corresponden con la persecución política". Según el abogado, a efectos del exilio la sedición ya no era viable desde que el tribunal de Schleswig-Holstein negó la extradición del president por este delito, que estaba derogado en Alemania y no se correspondía con los desórdenes públicos. "Que hayan tardado es una cuestión técnica legislativa", ha remachado.
Llarena ha actualizado hoy el procesamiento de los políticos exiliados y ha retirado el delito de sedición, derogado del Código Penal, pero en su nuevo auto imputa a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig el delito de malversación (art.432 del Código Penal), que implica hasta 8 años de prisión de forma agravada. Sostiene que no se les puede aplicar la malversación atenuada (art.432 bis) introducida en esta reforma, que castiga con un máximo de 4 años de prisión la malversación que no implica un lucro personal.
Clara Ponsatí
Boye se ha mostrado expectante sobre cuáles serán los siguientes pasos del tribunal, pero ha dado por descontado que Llarena habla en nombre de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y que, por lo tanto, esta no lo desautorizará.
No obstante, ha asegurado que estos cambios no facilitarán que prospere la euroorden en Bruselas y que, de hecho, estos cambios de Llarena hacen evidente que "no sabe muy bien hacia dónde ir". No solo eso, ha denunciado que Llarena "ha vuelto a vulnerar la inviolabilidad de los eurodiputados dictando una orden nacional de detención para la cual no tiene autorización", y ha reprochado que en 2019 había asegurado que el auto del procesamiento era irreformable e irreconducible y, en cambio, hoy ha dictado un nuevo auto. "En derecho hay una cosa muy importante, igual que en la vida, que es la coherencia," ha remachado.
Por lo que respecta al caso de Clara Ponsatí, que como Marta Rovira solo queda procesada por el delito de desobediencia, por el cual no puede ser detenida, Boye ha asegurado al ser interrogado sobre cuándo volverá al Estado español, que es una decisión que corresponderá a la eurodiputada. No obstante, ha puntualizado que aunque cambie su situación penal, lo que se mantiene es la "vulneración de su inmunidad, sigue existiendo indefensión, a raíz de la orden de detención por un delito de desobediencia, que tendría que haber sido posterior al suplicatorio," ha remachado. Según Boye, todos los exiliados volverán. "Yo no cambio de postura. Llevo cinco años defendiendo la misma".