Contundente conclusión a la cual ha llegado la exdiputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya sobre la sentencia del TSJC que la ha absuelto, pero que ha condenado a Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Anna Simó y Lluís Corominas a 20 meses de inhabilitación especial para cargo público electo de cualquier ámbito y a pagar una multa de 30.000 euros.

"Dos años y medio para decirnos que podemos pensar en la independencia, pero que nunca la podremos tramitar", ha criticado. "Recordar también el proceso como castigo. De ir al TS acusada de rebelión, Llarena y la acusación a la carta, al TSJC por organización criminal y desobediencia y, finalmente, absolución", ha denunciado.

Así pues, Boya ha negado estar contenta por la sentencia absolutoria en su caso y ha apuntado que "la parcialidad de la justicia está aquí". "Condenan a mis compañeros por permitir el debate de dos leyes que yo firmé y entré a registro. Ellos, desobediencia, y Carme Forcadell, 11 años de prisión", ha lamentado.

Sobre el argumento que ha dado el tribunal para absolverla, Boya ha aclarado que "es evidente que el TC no me podía advertir". "No tiene legitimidad para decir a ningún diputado qué pensar, qué debatir, qué aprobar. La irregularidad democrática es que la advertencia ilegítima haya comportado presos, presas, exiliados y exiliadas políticas", ha denunciado.

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