La defensa de Begoña Gómez ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid su absolución en caso de que la causa llegue finalmente a juicio. El escrito sostiene que los hechos expuestos por el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado, "no son constitutivos de ningún delito" y, por lo tanto, recuerda que lo que sería procedente sería archivar la causa. También reclama que se condene a las acusaciones a pagar el coste del proceso, incluyendo los honorarios de los abogados de la defensa, porque, según señala, han actuado con "mala fe" y para causar "daño reputacional".

El magistrado Juan Carlos Peinado ya rechazó a principios de este mes los recursos que pedían archivar la investigación contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés e insistió en enviarlos a un juicio por jurado, como propuso al finalizar la fase de instrucción el pasado mes de abril. Ahora, en el escrito de conclusiones provisionales protocolario de cara a un futuro juicio, la defensa de Gómez sostiene que no incurrió en los cuatro delitos que Peinado le imputa: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En este sentido, el escrito subraya que la mujer del presidente del Gobierno inició su colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 2012, cuando Pedro Sánchez "no ostentaba ninguna responsabilidad pública".

Recuerdan que la vinculación de Gómez con la UCM es anterior a la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia

Con todo, la defensa recuerda que la vinculación de Gómez con la Universidad Complutense es anterior a la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia, y remarca que en 2018 dejó en excedencia su trabajo en la empresa Inmark "con la finalidad expresa de evitar cualquier conflicto de intereses derivado de su posición institucional". En cuanto a la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva (TSC), el escrito precisa que fue la misma Universidad la que le propuso asumir la dirección, a pesar de que el letrado de Gómez insiste en el hecho de que esta "no comportaba la percepción de ninguna retribución".

El escrito hace referencia, sobre todo, al programa vinculado a la cátedra, del cual aseguran que las aportaciones económicas de las empresas colaboradoras se ingresaron al patrimonio de la UCM y que ni Gómez ni el resto de investigados obtuvieron beneficio económico. Además, sostienen que el proyecto no se llegó a completar porque la universidad decidió cerrar la cátedra cuando se abrió la investigación judicial y que estas cantidades "quedaron en el patrimonio de la universidad", que "no ha sufrido ningún perjuicio". La defensa también justifica que Gómez registrara dominios y marcas vinculadas a “Transformación Social Competitiva”, argumentando que lo hizo por indicación de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la universidad y con el objetivo de evitar que terceros se apropiaran de los distintivos mientras el proyecto aún no estaba terminado.

La defensa dice que las acusaciones han actuado con “mala fe” para causar “daño reputacional”

Por otro lado, solicita que las acusaciones de Hazte Oír, Vox y Manos Limpias sean condenadas a pagar los gastos del litigio, incluidas las de esta defensa, por haber actuado "con temeridad y mala fe" y al insistir en el proceso judicial a pesar de la "inexistencia absoluta" de indicios, a fin de instrumentalizar la causa "como mecanismo de presión y de generación de daño reputacional".