Ya es una realidad: los cuatro diputados presos han sido suspendidos de funciones. Así lo ha acordado este viernes la Mesa del Congreso presidida por Meritxell Batet, que no ha podido dilatar más la decisión después de recibir el informe que había encargado a los letrados de la cámara. Los servicios jurídicos han sido claros: les es aplicable el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal y el Tribunal Supremo no tiene que pedir suplicatorio aunque lo establezca el reglamento del Parlamento español. El órgano de gobierno ha ejecutado el guion establecido por Manuel Marchena y les ha declarado automáticamente suspendidos. Con la única oposición de los miembros de Unidas Podemos, Gloria Elizo y Gerardo Pisarello.

Concretamente, el informe de los letrados ha concluido que "corresponde a la Mesa del Congreso declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo a los diputados Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Turull", y que "le compete señalar el alcance de esta suspensión mientras dure la situación de prisión, adoptando las medidas precisas para dar plena efectividad a la previsión legal".

Así parece que se ha resuelto el primer gran enredo de la presidencia de Meritxell Batet. Su primera medida fue preguntar al Tribunal Supremo que le aclarara cómo se tenía que proceder a la suspensión, pero este jueves la sala que preside Manuel Marchena le devolvió la patata caliente. Ante este panorama la presidenta de la cámara baja pidió un informe a los servicios jurídicos, que han validado la suspensión.

La suspensión en sus derechos y deberes se ha hecho con efecto al 21 de mayo, día de la constitución del Congreso de los Diputados. La presidenta del Congreso ha descrito la situación como "inédita" y "de gran complejidad", y ha defendido todos los pasos adoptados para "tomar decisiones conforme a derecho y con la máxima seguridad jurídica".

Los únicos que se han opuesto han sido los representantes de Unidas Podemos, que han expresado su desacuerdo durante la reunión de la Mesa. En declaraciones posteriores, la portavoz Irene Montero ha asegurado que todos los diputados tendrían que poder ejercer sus responsabilidades "por respeto a los votantes", y que en todo caso la decisión la tendría que haber adoptar el Tribunal Supremo. A pesar de todo, ha matizado que acatan la decisión tomada por la mayoría del órgano de gobierno. Fuentes del grupo aclaran que esto no afecta a las relaciones con el PSOE para la formación de gobierno.