El conseller de Salut, Manel Balcells, tilda de "revancha absolutamente injusta" la investigación abierta al exconseller Josep Maria Argimon por el presunto retraso de la vacuna covid-19 a policías nacionales y guardias civiles. En este sentido, Balcells remarca que tanto Argimon como el resto de cargos del Departament de Salut que hay dentro de la causa actuaron "con rigor y profesionalidad" durante la pandemia.
Balcells también asegura que la querella interpuesta por los sindicatos policiales, y que lleva el juzgado de instrucción 17 de Barcelona, es un "ataque frontal" hacia ellos que también se extiende al sistema sanitario. "Estaremos a su lado apoyándoles, no solo personal, emocional e institucional, sino también jurídicamente; lo consideramos una revancha injusta como tantas otras de los últimos tiempos en nuestra casa", ha afirmado.
Argimon, investigado por el caso de las vacunas a los policías españoles
El exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha sido citado a declarar por el juzgado de instrucción 17 de Barcelona como investigado en el caso del supuesto retraso en las vacunas de la covid-19 a agentes de la policía española y de la Guardia Civil. El magistrado ha aceptado la querella interpuesta por el sindicato del Cuerpo Nacional de Policía, Justicia Policial (JUPOL) y por la Asociación de la Guardia Civil, Justicia Civil (JUCIL) contra cuatro representantes del departament de Salut, y, recientemente, ampliada a Argimon.
Cuando se vacunó a los policías nacionales y los guardias civiles que trabajan en Catalunya, Argimon era el secretario de Salut Pública, con Alba Vergés al frente de la conselleria. Vergés ya ha sido investigada por estos hechos en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), pero ha sido descartada su responsabilidad directa. No obstante, el TSJC ha señalado que hay que aclarar la responsabilidad directa de todo el equipo de Vergés.
La justicia investiga la cúpula de la exconsellera Vergés
Quien también ha sido citado a declarar como investigado es Marc Ramentol, exsecretari general de Salut y actual director general de Coordinació Interdepartamental. De momento, el magistrado no ha concretado la fecha de las declaraciones. Concretamente, se les imputan los delitos de prevaricación y de actuar contra el derecho de los trabajadores.
Cabe decir que el magistrado Fernando Criado ya interrogó como investigados Carmen Cabezas, actual secretària de Salut Pública y entonces subdirectora general de Promoció de Salut, Sara Manjón, directora de Organitzacions i Professionals del CatSalut, Xavier Rodríguez, director de Serveis del Departament y Adrià Comella, director del CatSalut.
Según fuentes judiciales, en su declaración del 22 de julio pasado, alegaron que ninguno de ellos tenía competencias para decidir qué grupo o colectivo se tenía que vacunar en cada momento, ya que solo les correspondían labores ejecutivas, organizativas y de logística.