Después de cuatro meses de negociaciones, el PP y Vox llegaron a un acuerdo este jueves para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura. La líder popular presidirá un gobierno que tendrá una vicepresidencia para el candidato ultra Óscar Fernández y dos consejerías bajo el control de la formación ultra, la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia y la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Pero uno de los puntos incluidos en el pacto de investidura, reflejado en un documento de 53 páginas y 59 medidas, ya está creando polémica, incluso entre las filas del propio PP. La “prioridad nacional” es un principio impulsado por Vox para dar preferencia a los españoles sobre los extranjeros en el acceso a servicios públicos esenciales, como vivienda protegida, alquiler social, ayudas públicas y sanidad. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha manifestado en contra de este principio que daría preferencia a españoles sobre los inmigrantes, defendiendo el cumplimiento estricto de la legalidad vigente. “Yo creo en la ley y en el orden y, por lo tanto, pienso que no se puede dejar a nadie al margen de manera ilegal de derechos que le corresponden. Así pues, si se tiene que cumplir la ley, considero que muchos de estos requisitos no son legales”, ha asegurado Ayuso al ser preguntada sobre esta cuestión en Bruselas, donde ha viajado para defender los intereses económicos y agrarios de la Comunidad de Madrid.
La presidenta madrileña ha añadido que “el tiempo lo pondrá todo en su sitio”, pero ha remachado: “No se puede excluir a nadie de un sistema al que ha contribuido”, y ha puesto como ejemplo "la petición de dejar fuera a determinadas personas del sistema sanitario en Madrid”. Ayuso ha felicitado a Maria Guardiola por su investidura, “por haber ganado las elecciones, por tantos meses de espera, de tanto trabajo” y ha asegurado que después “de tanto hablar”, ha llegado el momento “de ponerse manos a la obra. Y a partir de aquí, las cuestiones del acuerdo se me escapan porque no tengo competencias en esto”, ha asegurado. Ayuso ha rechazado anteriormente propuestas de Vox para priorizar a los españoles en el acceso a ayudas públicas en Madrid, alineándose con una defensa de la legalidad y del orden público sin discriminaciones ilegales. El pasado octubre, el PP rechazó una iniciativa presentada por el grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid para aplicar el principio de prioridad nacional en el reparto de recursos públicos y excluir de manera explícita a los inmigrantes ilegales.
Las contradicciones de Ayuso con la ley
Isabel Díaz Ayuso se presenta a menudo como una defensora estricta de la legalidad, pero ha impulsado o apoyado medidas cuestionadas judicialmente, hecho que ha generado controversia sobre su grado de adhesión a la norma. El Tribunal Constitucional anuló la modificación legal impulsada en 2023 que limitaba la capacidad de las asociaciones LGTBI para actuar en los tribunales como acusación popular, al considerar que invadía competencias estatales. También ha rechazado iniciativas como su oposición a la ley de eutanasia o recursos contra impuestos estatales, como el de las grandes fortunas. En cambio, otras veces se ha negado a cumplir la ley, como en el caso del registro obligatorio de médicos objetores de conciencia del aborto, por considerarlo una “lista negra” que estigmatizaría a los profesionales sanitarios. La ley orgánica del aborto de 2022 obliga a las comunidades autónomas a crear este registro para garantizar el acceso efectivo al procedimiento. La Comunidad de Madrid, bajo el gobierno de Ayuso, se resistió durante años, presentando recursos judiciales y alegando que vulnera la libertad ideológica de los médicos, a pesar de los requerimientos del gobierno central y las sentencias del TSJM que la obligaron a ponerlo en marcha en abril de 2026.
¿Es legal la “prioridad nacional”?
La “prioridad nacional” pactada en Extremadura genera serias dudas sobre su plena legalidad y su aplicación práctica, a pesar de los intentos de adaptarla al marco normativo vigente. El acuerdo entre PP y Vox prevé reformar la normativa autonómica en materia de extranjería para dar prioridad a los españoles con “arraigo real” —fijado en 10 años para acceder a vivienda protegida y en 5 para el alquiler social—. Sin embargo, la medida choca con la Constitución española, especialmente con el principio de igualdad (artículo 14) y con las competencias estatales en extranjería (artículo 149.2), así como con el derecho de la Unión Europea, que prohíbe discriminaciones por nacionalidad en servicios públicos esenciales como la sanidad o las prestaciones sociales. La medida podría aplicarse de manera parcial en ámbitos de competencia autonómica limitada —como la vivienda social o las subvenciones regionales— si se formula en términos de “arraigo verificable” y sin excluir directamente a los extranjeros, tal como plantea el acuerdo. Sin embargo, precedentes judiciales del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han anulado iniciativas similares por considerarlas discriminatorias, y Ayuso ya ha cuestionado su legalidad.
Desde Vox, su secretario general, Ignacio Garriga, ha celebrado el acuerdo con los populares y ha agradecido a la presidenta en funciones, Maria Guardiola, que “por primera vez en la historia política de España pone la prioridad nacional como requisito imprescindible en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda”. Garriga ha subrayado que “es un hito muy importante que Vox quiere hacer valer y que será un eje estratégico, no solo en este gobierno, sino también en los futuros", ha declarado a los periodistas ante la sede de Vox en Barcelona. Además, ha insistido en que el partido aspira a ir más allá y que lo hará valer en otros territorios, como Aragón, donde obtuvo un apoyo electoral superior al de Extremadura.