El cuarto teniente de alcaldía de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia de Barcelona, Jaume Asens, y el concejal de Vivienda y del distrito de Sant Martí, Josep Maria Montaner, han enviado este miércoles una carta al conseller d'Interior, Jordi Jané, reclamando que la Generalitat reconsidere su postura procesal en el juicio contra un matrimonio que fue desahuciado en el barrio del Clot en 2011 y tres personas que los estaban defendiendo en un acto de protesta.
Ens preocupa que família desnonada i veïns en defensa dret habitatge puguin entrar a presó. Demanem seny a @Govern en cas #DesnonamentClot pic.twitter.com/5DYujZIre4
— Jaume Asens #EnComú (@Jaumeasens) 30 de noviembre de 2016
La Generalitat se presenta como acusación particular y pide entre dos y cinco años de prisión para la pareja, a un vecino y dos activistas por los delitos de desorden público y atentado y resistencia a la autoridad, además de faltas de lesiones. Las penas son más duras que las que reclama la Fiscalía. El juicio será el 14 y 15 de diciembre.
El 25 de julio del 2011 se produjo una protesta con motivo del desahucio de un matrimonio y sus tres hijos del piso donde residían desde hacía 26 años. El desahucio se produjo a pesar de la presencia de decenas de vecinos y activistas que estaban manifestándose, y todos ellos fueron retirados por los Mossos d'Esquadra uno a uno de la puerta del inmueble.
A pocos días del juicio, Asens y Montaner posicionan en su carta en contra de estos hechos y en contra de las acusaciones, y se muestran especialmente preocupados por el posicionamiento de la Generalitat, con una petición de penas "excesivamente rigurosas y que pasa con mucha diferencia a los parámetros de la acusación ejercida por la Fiscalía". "De hecho, en caso de estimar las peticiones de la Generalitat, sería el primer caso en Catalunya en que un matrimonio desahuciado y las personas solidarias con su situación ingresarían en prisión", avisan los dos firmantes.
En opinión del teniente de alcalde y del concejal, estos hechos se tendrían que interpretar más "bajo la óptica del derecho a la protesta que bajo criterios de orden público", y remarcan que este derecho tiene que ser concebido "como un ejercicio de participación política y libertad de expresión". "En una concepción exigente del principio democrático, y en tiempo de crisis como el actual, se tiene que intentar evitar su criminalización", concluyen.