Luz verde con amplio consenso. El Pleno del Parlament ha aprobado hoy la Proposición de ley que instaba a crear el llamado Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos con el apoyo de una inusual gamma de partidos. Junts, ERC, el PSC, la CUP y los comuns han presentado la propuesta de manera conjunta, y después de superar la enmienda a la totalidad de Vox seguirá tramitándose en la Cámara catalana. La medida es sencilla, y busca poner en marcha un organismo que evalúe los impactos sobre los derechos humanos que tienen las acciones de aquellas empresas que operan tanto en Catalunya como en el exterior. De hecho, ya se registró en julio del año pasado con la presencia de toda una delegación para representar a las más de 8.000 entidades y cooperativas que hace años que la reclaman.
En su intervención, el diputado de Junts Francesc de Dalmases ha pedido, primero de todo, hacer autocrítica, y es que desde el 2015 el Parlament ya se había posicionado tres veces a favor del Centro, pero sin llegar a sacarlo adelante. Acto seguido, se ha dirigido a las organizaciones sociales que han trabajado para hacerla posible: "Nos habéis hecho un encargo, nos habéis puesto deberes y los haremos". Así, según Dalmases este trabajo consiste en conseguir también el apoyo del sector empresarial, que de momento no lo ha ofrecido, y lo ha animado reivindicando el "valor añadido y el sello de calidad" que puede suponer la aprobación por parte del Centro. Sin embargo, ha recordado que "el 99,9% de las empresas catalanas" ya cumplen con los derechos humanos por todo el mundo.
Con respecto a los republicanos, la diputada Ana Balsera, se ha mostrado más cautelosa con la acción de las empresas, recordando que "las actividades económicas pueden comportar vulneraciones de derechos humanos" en numerosos contextos, y que si no se desean estas injusticias a Catalunya, tampoco se tendrían que querer más allá de los límites del territorio. "Si combatimos contra los particulares por evadir impuestos, también tenemos la deuda de combatir las empresas que se aprovechan de la globalización económica para aumentar sus beneficios a costa de violentar derechos humanos y medioambientales", ha aseverado. Ahora bien, como su homólogo de Junts, ha recordado que la mayoría de las empresas catalanas ya actúan correctamente.
Ferran Pedret, diputado del grupo socialista, ha indicado que el estancamiento de la propuesta durante los últimos años significa un "fracaso", pero ha celebrado que por fin se impulse el Centro porque da respuesta a unas necesidades actuales. "Es difícil establecer responsabilidades por la manera como las transnacionales usan marcos reguladores débiles y de los diferentes países para evadir responsabilidades", ha avisado. En este sentido, la proposición de ley tiene que permitir, precisamente, dar respuesta a esta problemática.
CUP y comuns muestran sintonía
La posición próxima de los anticapitalistas y de los lilas se ha evidenciado en sus intervenciones. La diputada cupaire Eulàlia Reguant ha subrayado algunas empresas que cometen "graves crímenes" y establecen contactos con la industria armamentística, por lo que espera que la propuesta legislativa no acabe "descafeinada" cuando supere todo el debate parlamentario. La misma palabra ha utilizado a Susana Segovia, diputada de los comuns, para alertar sobre la posibilidad de que la medida resultante "haya pervertido el objetivo inicial". "Si el Centro es descafeinado, haremos un mal servicio a todas", ha advertido.
La enmienda a la totalidad de Vox, rechazada
En cambio, la propuesta no ha sido vista con buenos ojos por la ultraderecha, que ha presentado incluso una enmienda a la totalidad. Isabel Lázaro ha calificado el Centro de chiringuito para colocar "amigos independentistas", en un habitual ataque de la formación. Pero ha ido más allá, tildándola de "Gestapo empresarial con pretensiones de etiquetar a los buenos o malos empresarios según su ideología". Ante esta ofensiva, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, le ha pedido que se abstenga de comparar organizaciones criminales con iniciativas de la Cámara. El diputado de Ciudadanos Joan García ha rechazado el organismo con la misma alusión de que es un chiringuito, mientras que la representante del PP Eva Parera ha avisado de que el Centro pondrá más problemas para las empresas.