La Audiencia Nacional retoma este miércoles el juicio contra el president Jordi Pujol y sus siete hijos por la fortuna que tenían en Andorra, además de diez empresarios por hacer negocios con Pujol Júnior La vista comenzó el 24 de noviembre con el planteamiento de cuestiones previas por parte de las defensas, que pidieron la nulidad del procedimiento porque está todo contaminado por la "investigación prospectiva" realizada por la policía patriótica, en la llamada operación Catalunya. Las defensas sostienen que el president Pujol “no es libre” cuando declara que tenían un dinero en el extranjero sin declarar a Hacienda, el 25 de julio de 2014, sino que lo hizo presionado por la información que salía en el diario El Mundo. Paralelamente, las defensas de los acusados piden la prescripción de los delitos imputados, como el blanqueo de capitales y la falsedad documental.

Otra de las reclamaciones, muy técnica, fue la planteada por Cristóbal Martell, abogado de la familia Pujol, que sostiene que la Audiencia Nacional no es la competente para juzgar esta causa, como indica reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya que los hechos principales de la acusación suceden en el Estado español, no en el extranjero y reclama que se detenga el juicio y se envíe a la Audiencia de Barcelona, que es la competente. No obstante, el tribunal – formado por los magistrados José Ricardo de Prada, presidente, Ana Mercedes de Molino y María Fernanda García Pérez, que será la ponente- ya ha programado para este miércoles, después de responder a las peticiones de las partes, la citación de los tres primeros testigos de los 254 aprobados y, por tanto, parece descartado que detenga el procedimiento. El resto de peticiones pueden ser resueltas en sentencia.

¿Por qué declara la hija de Jordi Pujol Ferrusola?

Los tres primeros testigos citados son: Cristina Isabel de Francisco, que fue secretaria de Jordi Pujol Ferrusola en la empresa Project Màrqueting, con la que la Fiscalía sostiene que blanqueaba dinero; Núria Pujol Gironès, hija del primogénito de los Pujol y de la exmujer Mercè Gironès, a quien se le preguntará por una operación inmobiliaria de la familia, en 2014; y el empresario José Luis Perelló Molne por haber participado en negocios con el primogénito.

La hija de Pujol Júnior y Gironès -también imputada-, será interrogada por la donación de 585.000 euros con una transferencia del BBVA que recibió el 18 de julio de 2014 de su padre en el proceso de divorcio. Con este dinero pagó a la empresa IMISA de los padres para adquirir un piso en la calle Ganduixer de Barcelona por valor de 495. 000 euros. Jordi Pujol Ferrusola fue investigado desde el 2012 por la Audiencia Nacional, a partir de la denuncia de su expareja Vicky Álvarez y el empresario Javier de la Rosa, ambos pagados con fondos reservados. La causa se dirigió contra toda la familia en 2014, con la confesión de Pujol, después de las publicaciones de El Mundo, sobre información confidencial y reservada, también falsa, de los Pujol y de políticos catalanes, especialmente de Convergència.

Pujol no es exime por ahora

Una de las decisiones del tribunal es la de mantener al president Pujol, de 95 años, en el juicio, a pesar de que los forenses indicaron que no puede defenderse y que tiene problemas cognitivos, además de físicos. El presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, incluso, llegó a preguntar a los expertos si Pujol podía estar fingiendo. El que fue president de la Generalitat de 1980 a 2003 y líder de Convergència, aseguró al tribunal que “está a su disposición”, pero que no estaba en muy buena forma. El tribunal resolvió que cuando toque declarar a Pujol -previsto para el próximo mayo- volverá a evaluar su estado de salud. La familia y el entorno lo consideraron un escarnio e indicaron que Pujol no se volverá a conectar al juicio desde su domicilio de Barcelona- como le ha permitido el tribunal- hasta que sea llamado por el tribunal para declarar, como el resto de procesados.

Inicialmente, la Fiscalía pide 9 años de prisión para el president Pujol por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, que rebaja a 8 años a la mayoría de sus hijos. La pena más elevada solicitada es para el primogénito: 29 años de prisión al incluirle cinco delitos fiscales y el delito de falsificación documental; para su exmujer, 17 años de prisión, y para Josep Pujol, 14 años. Para cada uno de los empresarios, Anticorrupción pide cinco años de prisión.

La Fiscalía Anticorrupción, que persiguió a los Pujol durante 13 años, ha dejado solo al fiscal Fernando Bermejo para participar en el juicio, con los interrogatorios y los miles de papeles de documentación de la causa.