La Audiencia Nacional investigará finalmente al delegado del Gobierno en Ceuta por la crisis, después de que el juzgado de instrucción número 6 de la ciudad autónoma haya acordado este martes inhibirse del procedimiento que investiga a Miguel Ángel Pérez Triano. Al respecto, cabe recordar que la Audiencia Nacional ya lidera la investigación principal sobre la entrada masiva, y la titular del juzgado ceutí, María de la Luz Lozano, ha apreciado una clara conexión tanto objetiva como subjetiva entre las dos causas judiciales y ha decidido aceptar la petición de inhibición en favor de la jueza María Tardón.
El auto sostiene que los hechos atribuidos a Pérez Triano forman parte de la misma secuencia fáctica y operativa que constituye el núcleo de la instrucción central en Madrid, que aborda la organización, la movilización y los efectos de la entrada masiva de personas desde Marruecos hacia territorio estatal. En su razonamiento, la magistrada recuerda que la Fiscalía ya había instado la inhibición al considerar que concurren elementos de unidad de contexto, secuencia y prueba. Por este motivo, la concentración de las indagaciones en un único órgano se considera fundamental para aclarar los hechos de manera exhaustiva y determinar las eventuales responsabilidades penales, de acuerdo con los criterios establecidos en la ley de enjuiciamiento criminal para la instrucción de delitos conexos.
El procedimiento contra Pérez Triano
El procedimiento contra el delegado del Gobierno español se inició inicialmente por una denuncia de Manos Limpias, centrada en las alertas y las informaciones que la delegación habría recibido antes de la avalancha migratoria. Posteriormente, Hazte Oír se personó mediante una querella que ha ido ampliando. Los escritos atribuyen a Pérez Triano presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio, homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión. Las asociaciones ultras habían pedido su declaración como investigado, la conservación de comunicaciones y atestados, y la comparecencia como testigo de Gonzalo Sanz, su ex jefe de gabinete, que ha dimitido recientemente del cargo. Sin embargo, la jueza de Ceuta ha determinado que no le corresponde resolver sobre la toma de declaraciones ni sobre la admisión de nuevas diligencias, ya que pronunciarse podría interferir en la línea de investigación que dirige la magistrada Tardón, motivo por el cual ha ordenado la remisión íntegra de la causa a Madrid. El auto no es firme y las partes tienen tres días para interponer recurso de forma, y cinco para recurso de apelación.
La causa que asume Tardón pone el foco sobre las conductas durante la crisis y la articulación de los medios de respuesta en función de las alertas existentes. Entre la documentación destacan informes desclasificados por el Gobierno español, como una alerta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 29 de julio. El mensaje advertía de llamamientos multitudinarios en las redes sociales, en canales que sumaban hasta 180.000 seguidores. Estos avisos abrieron una crisis en la delegación que culminó con la dimisión de Sanz, que defendió que había transmitido la información recibida a sus superiores.