Desde que se ha conocido la detención del francotirador de Terrassa por el intento de atentar contra el presidente del gobierno español, la red ha recogido una lluvia de críticas de políticos y personalidades que critican la Audiencia Nacional por no acusar de terrorismo al detenido. Comparan, en todos los casos, las medidas adoptadas contra el francotirador con las adoptadas contra los independentistas y los CDR.

Entre los que se han pronunciado está el president Carles Puigdemont, que se ha referido a la criminalización del independentismo.

El diputado de ERC Gabriel Rufián también ha denunciado este hecho.

Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también.

Per altra banda, la ANC también se ha hecho eco de esta cuestión, que irónicamente hace un juego.

Políticos españoles tampoco han podido evitar criticar estas diferencias de criterio. Es el caso del líder de Podemos Pablo Iglesias o el coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón.

El catedrático de derecho constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, también se ha pronunciado en las redes.

El economista Xavier Sala-i-Martin también ha criticado la diferencia de trato, como también lo ha hecho el abogado Gonzalo Boye.