La Audiencia Nacional atribuye a Francisco Martínez Vázquez, exnúmero dos de Jorge Fernández Díaz (PP) un papel principal al frente de una organización "de un alto nivel de sofisticación tecnológica y operativa" que se dedicaba a "almacenar, organizar y cruzar grandes volúmenes de datos obtenidos ilícitamente". Este jueves la titular del juzgado Central de Instrucción 3 decretó prisión sin fianza contra el exsecretario de Estado de Interior del gobierno de Mariano Rajoy por su supuesta vinculación a una trama de ciberataques en administraciones públicas y empresas estratégicas, con los cuales podrían haber obtenido los datos de miles de ciudadanos y venderlas. Según adelanta El Mundo, la Audiencia Nacional señala que la trama utilizó "plataformas tecnológicas especializadas en el análisis de la información masivo de información sustraída mediante ciberataques e intrusiones informáticas reiteradas y planificadas contra sistemas de organismos públicos y privados, ejecutadas de manera sostenida durante años". Y determina que a raíz de estas informaciones pudieron construir "perfiles detallados de personas e instituciones con el objetivo de maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información crítica".
Servidor en Suiza
Francisco Martínez, que protagonizó conversaciones con el comisario Manuel Villarejo, que acreditan la operación Catalunya del gobierno del PP contra políticos catalanes, es uno de los señalados por la Audiencia Nacional. El juzgado asegura que tiene pruebas que "evidencian" la participación "individualizada" de Martínez, a quien sitúan como responsable junto con el hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec, "quien ostenta el control técnico y operativo, incluyendo la administración de sistemas, mantenimiento de servidores, desarrollo de herramientas de acceso remoto y aplicación de medidas de protección contra intervenciones policiales".
Según el medio, la Audiencia revela ahora, que el "núcleo tecnológico" de la organización está "constituido por un servidor situado en Suiza, contratada mediante criptomonedas y correos electrónicos temporales anonimizados, garantizando con eso el anonimato y dificultando la identificación de los responsables". Y en concreto, añade que el servidor está alojado "en una empresa, la mercantil Private Layer, Inc, con sede en Zúrich, ofreciendo: anonimato total del usuario y dificultando la identificación de los responsables". Así pues, la Audiencia Nacional señala a Martínez como el "coordinador jurídico-operativo y arquitecto del blindaje estructural de la organización criminal" gracias a su "perfil profesional", que incluye conocimientos jurídicos, vínculos institucionales y experiencia política gracias a los cargos que ocupó durante el gobierno de Rajoy, aunque, de momento, no está acreditado que haya obtenido un beneficio económico de todos estos movimientos.