La Audiencia de Madrid ha corregido al juez Juan Carlos Peinado y ha revocado la imputación de Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, en la causa contra Begoña Gómez, según ha avanzado elDiario y ha confirmado ElNacional.cat, este jueves. El tribunal razona que el juez Peinado aceptó investigar a Martín basándose en la querella de Vox y en “meras suposiciones sin el más mínimo indicio de responsabilidad” en la parte del caso que analiza la contratación de la asistente de la mujer del presidente español, Pedro Sánchez. Martín fue secretario general de la Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023. La Fiscalía y la defensa de Martín pidieron la anulación de esta imputación, realizada el mayo pasado, que ahora el tribunal acepta al resolver que se "inadmite" la querella presentada por el partido ultra contra el cargo del gobierno por el delito de malversación de fondos.
La Audiencia de Madrid, en una segunda resolución, admite, parcialmente, que se realicen varias diligencias pedidas por la entidad Hazte Oír. El titular de juzgado de instrucción 41 de Madrid investiga Begoña Gómez por varios delitos por haber usado la secretaria que tenía asignada por Presidencia-Cristina Álvarez, también imputada- para actividades privadas, como por ejemplo en la universidad. Recientemente, el juez instructor archivó la causa contra la secretaria general de Presidencia, Judit González.
"Ni el más mínimo indicio"
En la resolución, la Audiencia de Madrid aclara que "está fuera de todo duda" la legalidad del nombramiento de Cristina Álvarez -imputada en la causa- como asistente de la mujer del presidente del gobierno español, tal como exponen las defensas. Añade que "como se ha dicho el posible delito de malversación se refiere a la supuesta desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la administración, de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, lo que supone una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados. Por el contrario, no se cita en la querella, ni se proporciona el más mínimo indicio de la participación en dicha actividad del citado Francisco Martín Aguirre".
La Audiencia también expone que Vox atribuye a Martín un delito de prevaricación, que habría consistido en el nombramiento de Cristina Álvarez, para unas funciones en las que se iba a realizar una desviación hacia los intereses personales de la mujer del presidente del Gobierno. Las defensas expusieron que el nombramiento se realizó tres años antes, de que el querellado tomara posesión del cargo y cesó en el 2.023, cuando Cristina Álvarez sigue en el desempeño del cargo.
El tribunal razona que "tampoco se aportan indicios del supuesto conocimiento, pues resulta lógico pensar que Francisco Martín Aguirre, tuviera conocimiento de la actividad oficial de Cristina Álvarez, pero no consta que supiera que esta estaba excediéndose de sus funciones, por indicación de Begoña Gómez. Y concluye: "Tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad, procede acordar la inadmisión de la querella respecto del citado Francisco Martín Aguirre".