A pesar de la opinión de la fiscalía y el voto en contra de uno de los jueces, la Audiencia ha decidido reclamar al abogado Gonzalo Boye una indemnización de 200 millones de pesetas -1,2 millones de euros- por el caso del secuestro del empresario Emiliano Revilla por parte de ETA el año 1988.
La sala de lo Penal ha ordenado ejecutar la responsabilidad civil y rechaza que haya prescrito la pena, aunque la juez sí ha aceptado la prescripción de la pena de los otros condenados, según fuentes del caso.
Boye fue condenado el año 1996 como responsable de un delito de detención ilegal a una pena de 14 años y 8 meses de prisión, de los cuales cumplió 6.
El caso se volvió a poner en marcha cuando en el 2018 el abogado de Revilla reclamó reactivar el embargo. Ahora el tribunal ha ordenado hacerlo efectivo y "profundizar en la investigación patrimonial" del abogado.
Por el contrario, Boye argumenta que la responsabilidad civil prescribió en agosto del 2012, cuándo había transcurrido 15 años desde el último y único requerimiento de pago.
El auto incluye un voto particular del magistrado Ramón Sáez Valcárcel que considera que la sentencia prescribió antes de que el abogado de la víctima actuara en el 2018. En opinión de este juez, la decisión de la Audiencia altera la doctrina del tribunal sobre ejecución de sentencias. Recuerda, además, que la Fiscalía no está de acuerdo con este criterio.
Se da además la circunstancia de que en otros condenados por el mismo caso la misma jueza ha aceptado la prescripción.
Boye, responsable de la defensa de los presidentes Carles Puigdemont y Quim Torra, ha conseguido los últimos meses atraer la atención de la Audiencia. Asimismo, su despacho ha sufrido diferentes asaltos, los responsables de los cuales todavía no han sido identificados.