Juicio esperado, aunque insatisfactorio para la mayoría de los catalanes. La Audiencia de Barcelona empieza este miércoles el juicio contra los cuatro agentes de la policía española acusados de la mutilación del ojo derecho de Roger Español por el impacto de una bala de goma disparada el 1 de octubre de 2017 en los alrededores de un centro de votación de Barcelona. El caso de Español es el único que juzgará la represión policial el 1-O: fueron heridas un total de 1.066 personas en Catalunya y unos 200 agentes de la policía española y la Guardia Civil fueron investigados por vejarlos, pero todos menos los cuatro del caso de Español fueron amnistiados.
El tribunal de la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona —formada por los magistrados José Carlos Iglesias, presidente, y las magistradas María Carmen Hita y Begoña Sos— ya hace más de un año que resolvieron que no aplicaban la amnistía al escopetero que hirió a Español, ni al inspector ni a los dos subinspectores que dieron la orden de disparar a los ciudadanos que los seguían de cerca, al considerar que es una lesión de gravedad, excluida de la norma del olvido penal. La Fiscalía de Barcelona no acusa a los agentes al asegurar que actuaron siguiendo órdenes policiales y esta "no fue desproporcionada". Por el contrario, Español pide para cada uno de los acusados 13 años de prisión por lesiones graves y tortura. Las entidades Irídia, Òmnium Cultural y la ANC ejercen de acusación popular y piden 13 y 12 años de prisión para los policías, respectivamente.
Los acusados declararán el 1-O
Los cuatro agentes acusados declararán al final del juicio, que justo coincidirá con el 1-O, que este año llega a su 9.º aniversario. El primer día del juicio, este miércoles, está previsto que empiece con las cuestiones previas y la declaración de una quincena de testigos. Roger Español será el primero. En la sesión del jueves se han citado a declarar como testigos 50 agentes de la policía española que actuaron en Barcelona y los que actuaron en la escuela Ramon Llull, donde fue herido Español. El juicio se reanudará el 30 de septiembre con las periciales, y finalmente el 1 de octubre con los acusados y los informes finales. El tribunal ha convocado un intérprete de inglés y otro de catalán.
Sin la Fiscalía, las acusaciones han trabajado codo con codo para sacar adelante el juicio y presentan acusaciones muy similares. El tribunal deberá determinar si el disparo fue un uso legítimo de la fuerza o un delito, y con qué grado de responsabilidad. Entre los escenarios posibles está la condena por un delito de tortura, lo que podría establecer "un precedente judicial relevante también en el ámbito internacional", destacan las acusaciones.
En concreto, Roger Español, con el abogado Benet Salellas (contratado por Irídia), pide que cada uno de los cuatro agentes sea condenado a 13 años de prisión: 9 años de prisión por el delito de lesiones con pérdida de órgano y 4 años más de prisión por el delito de tortura, con la agravante de prevalencia de cargo público. También reclama que le indemnicen con 320.632 euros, y que el Ministerio del Interior sea responsable civil subsidiario.
Por su parte, la propuesta de las tres acusaciones populares es: la Assemblea Nacional Catalana (ANC), con la abogada Esther Palmés, pide 12 años de prisión para cada uno de los agentes, y Òmnium Cultural, con la penalista Laia Serra, 13 años de prisión. Irídia, con el abogado Antoni Mansilla, también reclama 13 años de prisión.
Apoyo y seguimiento internacional
Roger Español ha recibido el apoyo de más de un centenar de entidades de derechos humanos y sociales y más de 50 personalidades de la cultura y la comunicación, que se han sumado a la campaña iniciada en julio. Antes del inicio del juicio, los principales representantes de las entidades acompañarán al activista delante del Palau de Justícia. Estarán: Anaïs Franquesa, directora de Irídia; Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural, y Josep Vila, de la Assemblea Nacional Catalana. También estarán presentes representantes de las siete entidades impulsoras de la campaña: Irídia, Stop Bales de Goma, Alerta Solidària, Novact, Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana y CIIVO.
Además, se ha anunciado que, para hacer un seguimiento independiente, seis organizaciones internacionales de derechos humanos han constituido una misión de observación judicial del caso de Español. Las organizaciones son: Amnistía Internacional, referente global en garantías de juicio justo y rendición de cuentas policial; el OMCT (Organización Mundial Contra la Tortura), que reúne más de 200 organizaciones de 90 países y tiene una larga trayectoria en la prevención y la erradicación de la tortura; INCLO (Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles), formada por dieciseis organizaciones de todo el mundo expertas en derechos de manifestación y en el uso de la bastante y de armas menos letales; REDRESS, especializada en tortura, acceso a la justicia y derechos de las víctimas; ICHRP–España, con pericia en estándares y mecanismos internacionales de derechos humanos y protección del espacio cívico; y DqD (Defender a quien Defiende), centrada en derechos humanos, participación democrática y protección del espacio cívico.