El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha emplazado al Gobierno a dar explicaciones sobre el CatalanGate en una semana. "Y cuando hablo de responsabilidad, quiero decir que tendremos que ver renuncias". Así lo ha manifestado Aragonès en declaraciones a AP y AFP, donde ha acusado al Centro Nacional de Inteligencia, la agencia de inteligencia española, de llevar a cabo lo que ha tachado de un "espionaje político masivo" contra el movimiento independentista y ha reiterado que las relaciones con las autoridades españolas están "en suspenso" como consecuencia. El president reclama una "investigación interna, y recuerda al gobierno de Sánchez que tiene que investigar este caso y determinar quién asume responsabilidades". En esta línea, considera que el Gobierno tiene en su mano averiguar lo que necesite "en muy poco tiempo", además, ha criticado que se escude en que las actuaciones del CNI están sujetas a la legalidad vigente y que sus actuaciones son secretas.

 

Investigación interna

Aragonès, que ha pedido al Gobierno que haga una investigación interna con supervisión independiente, ha dicho que ahora la pelota está en el tejado de Madrid. El Gobierno tendría que dar respuestas, ha afirmado Aragonès, incluyendo si realmente estaba implicado; quién ordenó que se tocaran los teléfonos; si el CNI tiene contrato con NSO Group; si el espionaje fue autorizado por un juez del Tribunal Supremo, tal como exige la ley española; cuántas veces se ha utilizado Pegasus; cuántos políticos han sido su objetivo, y para qué se utilizaba la información recogida de los teléfonos. "Si no hay respuesta positiva del Gobierno, esperaremos respuesta de la Comisión Europea porque finalmente se trata de una vulneración de los derechos de los ciudadanos europeos, incluida la protección de datos", ha dicho, y ha añadido: "Necesitamos protección contra las instituciones europeas".

"Podemos estar seguros de que es el CNI", ha dicho Aragonès. "Porque el nivel de información utilizado para infiltrarse en los teléfonos sugiere que tenían datos previos de los inocentes apuntados que no se conocían públicamente", incluidos los números de vuelos que iban a coger. "Es un espionaje político masivo que, desde nuestro punto de vista, tiene una motivación política", dijo. El CNI adquirió Pegasus la primera mitad de la última década y pagó unos 6 millones de euros. El argumento a favor de la compra del software espía era que se usaría en el extranjero. No obstante, funcionarios del Ministerio del Interior español dijeron al diario que había un intento de comprar Pegasus, pero no pasó. En una entrevista en Reuters, Aragonès ha afirmado este miércoles que la confianza entre ERC y PSOE es "próxima a cero", ya que sospecha que el CNI está detrás del espionaje, una medida que probablemente requería la aprobación del Gobierno. "Hasta que no se recupere esta confianza, no habrá posibilidad de continuar, como estábamos hace unas semanas, dando apoyo al Gobierno en términos de estabilidad en el Parlamento", afirmó en una entrevista en el interior del Palau de la Generalitat.

Detener las conversaciones

Desde el estallido del CatalanGate, Aragonès ha asegurado que las negociaciones con Madrid para resolver el conflicto político no se pueden normalizar hasta que el ejecutivo español no dé respuestas claras sobre el espionaje. Sin embargo, el president de la Generalitat ha dicho que todavía tiene fe en el proceso: "Estoy comprometido con el proceso de negociación, pero precisamente porque... me he comprometido ante el Parlament, y me presento a unas elecciones con este compromiso, yo tengo que ser muy exigente con el gobierno del estado", ha afirmado. Las conversaciones solo pueden tener lugar con "un nivel mínimo de confianza", ha asegurado, y ha añadido que eso requiere "tener la certeza de que el espionaje no se está utilizando en nuestra contra para obtener una ventaja en esta negociación". La Agencia Nacional de Ciberseguridad de Catalunya ya está elaborando un informe sobre el escándalo, y Aragonès ha anunciado que tiene previsto emprender acciones legales, pero no ha aclarado si demandará al Gobierno, en el Grupo NSO o en los dos, explicando que todavía no se había tomado, la decisión.