El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha denunciado este martes la "guerra sucia" financiera del Estado el pasado mes de octubre. Lo ha hecho durante la sesión de control en el Govern, donde también ha anunciado que el ejecutivo está "comprometido" con que el gobierno español tenga que dar cuentas "ante la ciudadanía" pero también ante la justicia, ya que asegura que puede tener "posibles responsabilidades legales", y ante los organismos de supervisión comunitarios.
El republicano se ha expresado así después después de saberse que el Estado retiró fondos de los principales bancos catalanes para desestabilizar la economía y que tanto desde el gobierno como desde la monarquía se llamó a empresas para que movieran su sede social fuera de Catalunya. Aragonès ha asegurado que fue una "operación" para desestabilizar la "voluntad democrática de los catalanes", pero ha reivindicado que la economía se puso "sobreponer" al "ataque".
El artículo dos de la constitución pasa por delante la estabilidad y la separación de poderes, ha lamentado, en referencia a la unidad de España.