El Parlament ha aprobado la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2026 con el apoyo del PSC, ERC y los Comuns, en una votación que ha evidenciado una clara división política, ya que el resto de grupos han votado en contra. Aunque la norma incluye modificaciones fiscales, administrativas y organizativas, uno de los elementos más destacados es la redefinición del concepto de gran tenedor, que se convierte en una pieza clave en la estrategia del Govern para intervenir en el mercado de la vivienda.
La nueva regulación establece que será considerado gran tenedor quien disponga de cinco o más viviendas en Catalunya o diez en el conjunto del Estado. Esta redefinición, acordada entre el Govern y los Comuns, amplía el número de propietarios afectados y, con ello, también el alcance de las obligaciones que se derivan. Entre estas, destaca la necesidad de ofrecer una alternativa de alquiler social en caso de desahucio a familias vulnerables, y también la inscripción obligatoria en un registro específico que permita a la administración hacer un seguimiento más exhaustivo. Según el Govern y los Comuns, esta medida busca corregir desequilibrios en el mercado inmobiliario y garantizar una protección más elevada del derecho a la vivienda. En este sentido, defienden que identificar y regular a los grandes propietarios es esencial para evitar situaciones de abuso y facilitar el acceso a un alquiler asequible, especialmente en zonas con una elevada presión residencial.
La ley no se limita a esta redefinición, sino que incorpora toda una serie de instrumentos para reforzar el control del mercado del alquiler. Entre estos, se encuentra la obligación de compartir información entre administraciones para mejorar la transparencia, el endurecimiento de las sanciones por publicidad engañosa de los precios y la creación de mecanismos para detectar viviendas vacías o en situaciones irregulares. También se establecen vías de financiación para que las comunidades de propietarios puedan afrontar obras de rehabilitación, con el objetivo de ampliar el parque de vivienda disponible.
Elimina 22 tasas y modifica 70
En paralelo, el texto incorpora otras medidas de carácter general. En el ámbito fiscal, elimina 22 tasas, modifica 70 y crea tres nuevas con la voluntad de simplificar la burocracia y agilizar los procedimientos administrativos. Sin embargo, no introduce grandes reformas impositivas, más allá de ajustes puntuales como la actualización del canon del agua para los próximos años, que debe garantizar la estabilidad financiera de la Agència Catalana de l'Aigua. La norma también apuesta por reducir cargas administrativas y acelerar trámites, incluyendo la posibilidad de tramitar con carácter de urgencia anteproyectos de ley y reglamentos, lo que puede reducir los plazos a la mitad. Además, fija un horizonte de dos años para la digitalización de procedimientos vinculados a actividades económicas, urbanísticas y ambientales, con el objetivo de modernizar la administración pública.
En el ámbito urbanístico, se crean nuevas herramientas como la Plataforma Urbanística de Catalunya con validez legal, se facilita la implantación de alojamientos para trabajadores temporeros y se permite incrementar el número de viviendas de protección oficial sin aumentar la edificabilidad. Este conjunto de medidas busca incrementar la oferta de vivienda y adaptar la planificación territorial a las necesidades actuales.
La oposición carga contra la política fiscal del Govern y socios
A pesar de estos objetivos, la ley ha sido fuertemente contestada por la oposición, formada por Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, que han criticado especialmente la política fiscal y el incremento de la intervención pública en sectores como la vivienda. Estos grupos han advertido que el aumento de la presión reguladora e impositiva puede acabar teniendo efectos negativos sobre la economía, reduciendo la inversión y afectando la capacidad adquisitiva de ciudadanos, autónomos y empresas. También se ha puesto en cuestión el modelo de país que plantea la norma. Las formaciones consideran que las medidas no resuelven los problemas estructurales de Catalunya. También han criticado la falta de diálogo durante la tramitación parlamentaria y han denunciado que sus propuestas no han sido tenidas en cuenta.
En cambio, los partidos que han impulsado la ley han defendido que la redefinición del gran tenedor y el resto de medidas en materia de vivienda son imprescindibles para hacer frente a la emergencia residencial. Según argumentan, se trata de un paso necesario para regular un mercado que, a su parecer, ha funcionado durante demasiado tiempo sin los controles adecuados. En este sentido, consideran que la ley contribuye a reducir desigualdades, ampliar el acceso a la vivienda y reforzar el estado del bienestar. La nueva definición de gran tenedor, en particular, se presenta como una herramienta clave para garantizar que los grandes propietarios asuman una mayor responsabilidad social en un contexto marcado por el aumento de los precios y la dificultad creciente para acceder a una vivienda digna.