La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ya está dentro del Tribunal Supremo. El juez instructor de la causa, Pablo Llarena, la está interrogando por los hechos del otoño de 2017 después de que Gabriel volviera de Suiza este julio para regularizar su situación procesal. A la llegada, la han recibido entre aplausos y abrazos representantes de la CUP, de Esquerra, de Junts, de Bildu, d'En Comú Podem y de Òmnium Cultural. El entorno de Gabriel confía en que la causa acabe en la absolución, tal como le pasó a su compañera Mireia Boya.
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Tendrá que decir la suya sobre el procesamiento formal por un delito de desobediencia, que no implica prisión sino inhabilitación a cargo público y multa. Esta comparecencia es un trámite, ya que la cupaire no tiene ningún cargo público y por lo tanto ningún aforo y su caso es competencia del Supremo, el cual ahora tendrá que derivar su expediente a un tribunal ordinario, que tendría que ser un juzgado de instrucción de Barcelona, porque fue acusada de promover la votación de las leyes de desconexión en el Parlamento.
En consecuencia, el reto de la defensa de Gabriel, que ahora dirige el abogado Iñigo Iruin, es que la exdiputada no sea juzgada por ningún juez con el precedente de la absolución de su excompañera de partido Mireia Boya por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), con un razonamiento contundente, en octubre de 2020, después de ser juzgada con los miembros soberanista de la mesa del Parlamento que encabezaba Carme Forcadell. Gabriel ya sabe que si, al final, es juzgada, en un juzgado de lo penal de Barcelona, será absuelta, como Boya.
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