La Assemblea Nacional Catalana saca pecho y no recula. Después de que se hayan hecho públicos más casos de espionaje por parte del estado español contra el independentismo catalán, la ANC ha asegurado que el espionaje "da más fuerza para seguir". "Desde la Asamblea conocemos los riesgos que comporta nuestro activismo, y no retrocederemos", asegura la entidad independentista, además de asegurar que "constatamos lo que ya sabíamos y no nos pararemos".
La ANC recuerda en un comunicado que la expresidenta de la entidad Elisenda Paluzie, cuatro exsecretarios nacionales y varios miembros de la Asamblea están entre la cuarentena de independentistas espiados por la Guardia Civil y la Policía Nacional bajo las órdenes de la Audiencia Nacional entre el 2017 y 2019, antes del espionaje del Catalangate. Lamentan, pues, que la policía española y la Guardia Civil espiaran en el periodo de 2018 y 2019 la entonces presidenta de la ANC, así como varios miembros que formaban parte de la entidad independentista con el software SITEL, previo a Pegasus, o incluso con seguimientos personales.
"Las piezas secretas que se han hecho públicas y que fueron el inicio de la investigación de los miembros del CDR encausados en la Audiencia Nacional del caso 23S evidencian lo que llevamos denunciando desde 2017: se utiliza el derecho penal del enemigo con investigaciones prospectivas contra el independentismo", denuncia la ANC; además de remarcar que "esta información llega después de que el Estado español haya reiterado que no se había espiado al independentismo, que ahora se evidencia como una nueva mentira, con el añadido que se llevaron a cabo seguimientos personales a los espiados."
"Este caso se suma al escándalo del Catalangate, el espionaje político con Pegasus mayor del mundo, que ha afectado a nuestra entidad de forma grave," afirma la entidad independentista en un comunicado hecho público este martes. Según la ANC, "los abusos del Estado español con el objetivo de conocer nuestra estrategia y nuestras acciones, cuando estas son públicas y transparentes, solo refuerzan nuestro argumentario: que el Estado español nos persigue para ejercer nuestro derecho de asociación y de libertad de expresión".
Las palabras de la Asamblea llegan al día siguiente que se supiera que la Audiencia Nacional intervino a una cuarentena de activistas independentistas del entorno de la ANC, la CUP y el Consell de la República entre el 2017 y el 2019 con la excusa de que "preparaban actos 'subversivos' para poner en riesgo las instituciones del estado". Hay que recordar que esta investigación es previa a las sentencias del Tribunal Supremo contra los presos políticos.
La intromisión se habría producido pocos días después de la huelga general del 8 de noviembre de 2017 y se habría alargado, como mínimo, hasta el primer trimestre del año 2019. La tarea de la Guardia Civil y la policía española consistía en la intercepción de llamadas y SMS, la infestación de terminales mediante un software de espionaje, el seguimiento por parte de agentes de paisano, la colocación de balizas de geolocalización en la carrocería de vehículos particulares y el acceso a cuentas de correo electrónico, Twitter y Facebook.