La aplicación del 155 está generando intranquilidad entre los funcionarios. Por este motivo, con el objetivo de calmar los ánimos de los trabajadores públicos, la ANC ha publicado una serie de recomendaciones de cara a una inmediata suspensión de la autonomía. Y de las conclusiones se extrae que los funcionarios no tienen por qué cumplir las órdenes de la nueva autoridad española en Catalunya.

La ANC sostiene que la aplicación del 155 vulnera toda una serie de derechos fundamentales reconocidos a la carta de derechos fundamentales de la UE y en el Estatut y la Constitución española. Ante este escenario, la entidad independentista recuerda que no existe obligación de cumplir órdenes que sean contrarias a la legalidad vigente. Dicho de otra manera: se sobreentiende que si el 155 vulnera las leyes y que pe tanto no se tienen que seguir las órdenes de la autoridad española creada por la intervención autonómica.

Según ha apuntado la entidad, en los próximos días el personal de la Administración puede hacer frente a dos situaciones: por una parte, en un escenario en que la República se imponga y por lo tanto el Gobierno se mantenga, los funcionarios "serán llamados a sostener el gobierno y el Parlament legítimos"; en una segunda situación —más compleja— en la cual "la violencia del Estado" triunfe. En este caso, se pide hacer "resistencia pasiva", es decir, no responder a las instrucciones dadas por la nueva autoridad.

¿Por qué el 155 se salta la ley?

Según la ANC, hay dos razones principales por las cuales se sostiene que el artículo 155 va en contra de la ley europea, española y catalana. Por una parte, la destitución del president y del Govern es, para la entidad una vulneración del derecho fundamental al sufragio, a la participación y a la representación política.

Por otro lado, las medidas que hay detrás de la aplicación contradice el principio de democracia, reconocido en la Carta Europea de Derechos Humanos, y otros derechos como el de información, libertad de educación, igual y no discriminación. En último término, la entidad recuerda que los derechos a libertad de prensa y la seguridad, regulados por la Constitución, están en peligro.