El Centre per la Defensa dels Drets Humans, Irídia, ha cumplido seis años de vida, haciéndose esencial en el día a día de las reivindicaciones de la sociedad catalana contra las violencias institucionales. La entidad se ha consolidado y sus dos codirectores, los penalistas Andrés Garcia Berrio y Anaïs Franquesa, salen a menudo a los medios de comunicación para denunciar cuándo hay un caso flagrante de vulneración de derechos. Hablamos con Franquesa de los retos de la entidad y de la sociedad catalana.
Foto: La codirectora de Irídia, Anaïs Franquesa, en la sede de la entidad, en Sants / Sergi Alcàzar
Han iniciado una campaña de mecenazgo para financiar sus servicios de atención gratuitos.
Sí. Básicamente, hacemos la campaña de mecenazgo porque el servicio de atención y denuncia, dónde hacemos seguimiento y acompañamiento a las víctimas, y litigios estratégicos, es gratuito. Es un servicio gratuito a la ciudadanía, y que además está infrafinanciado a nivel público. La administración, sea autonómica o municipal, financia muy poco o casi nada para lo que es el servicio y necesitamos apoyo social. Y también hacemos la campaña de mecenazgo porque este apoyo social no sólo se traduce en una parte económica sino también con base social y legitimidad, porque la recompensa es hacerte socio de Irídia seis meses o un año. Necesitamos unos 75.000 euros porque si no, no es sostenible. Estamos contentas del apoyo recibido hasta ahora. Y para que sea sostenible tenemos que conseguir ser unos 2.000 socias. Con esta campaña cerraremos siendo unas 1.200 socias.
Este año Irídia ha cumplido seis años de vida. ¿Qué balance hace?
Ha sido una vorágine y de tiempos convulsos a nivel de país. Eso a veces nos ha estado a punto de chafar, pero al mismo tiempo nos ha dado a conocer. Nosotros ya trabajábamos en casos pero mucha gente nos ha conocido a partir del 1 de octubre. Y se ha demostrado que la hipótesis que decíamos era cierta: faltaba una organización que pudiera atender víctimas directamente y al mismo tiempo hacer incidencia política jurídica, que es un modelo que se hace mucho en latinoamèrica, que en el Estado español no existía y poco en Europa. Es una combinación de litigio estratégico con servicio a la ciudadanía. Y era necesario porque empezamos seis personas de forma voluntaria y ahora somos unas diecisiete personas trabajando, entre abogadas, psicólogas comunicadoras, administración, y unas catorce personas voluntarias, aparte de la junta. Han sido unos años de creación de la estructura y el 2021 ha sido un año de consolidación y dignificación del espacio y salarios, y entramos en una etapa de crecimiento. Catalunya es nuestro espacio principal, pero también trabajamos en red con entidades en el Estado español, y ya tenemos una sede en Madrid, y empezamos levantar la cabeza a nivel internacional, y es importante porque retroalimenta el trabajo que hacemos. Naciones Unidas nos financia el servicio de atención y denuncia, que es uno de los 150 proyectos financiados a nivel mundial para organizaciones voluntarias contra la tortura. Es un gran reconocimiento.
¿A cuántas personas han atendido?
Las personas atendidas están en torno a las 668 en estos seis años, y actualmente llevamos 58 litigios activos y hay unos 135 agentes de la policía imputados.
¿Cómo escogen los casos?
Nosotros atendemos a todo el mundo. Y no sólo hacemos la atención sino también el aseguramiento de la prueba, que es muy importante. Por ejemplo, si ha pasado en la vía pública vamos al lugar de los hechos para ver si hay cámaras, para pedir las pruebas, testigos, hablar con los vecinos. Así preparamos el caso y si hace falta ayudamos a presentar la denuncia, y hacemos un acompañamiento a la persona por si hace falta que haga una petición de justicia gratuita, que este servicio público no lo tendríamos que hacer nosotros. Hay carencias a nivel de atención de víctimas de violencia institucional. Por ejemplo el Colegio de la Abogacía de Barcelona no tiene un turno de oficio de atención a víctimas de violencia institucional y para conseguirlo no es tan fácil. Y hay determinados casos que los escogemos porque vemos que a partir de aquel caso concreto se puede incidir para cambiar las cosas, además que la persona sea reparada y tenga un proceso de justicia. Eso siempre. Pero con un litigio estratégico intentamos cambiar un problema real.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, en el caso de Roger Español no sólo intentamos que con este caso se acabe con la impunidad policial si no que sirva para concienciar sobre el peligro que tienen las balas de goma y que puedan estar prohibidas a nivel estatal. Había otro objetivo a medio plazo que ya hemos conseguido que es cambiar el uniforme de los Mossos d'Esquadra. En el caso de Español actuaron agentes de la policía española, pero mostraba un problema también en los Mossos, que es que los escopeteros al disparar no tenían identificación por delante, sólo por detrás. Y eso generaba impunidad. Con la presión que hicimos con Amnistía y otras organizaciones se consiguió que se cambiara el uniforme de Mossos d'Esquadra, y que lleven la identificación por delante. Es decir, con un caso concreto se trabajó para que aquella problemática no vuelva a suceder.
Con un litigio estratégico intentamos cambiar un problema real. Un ejemplo es el caso de Roger Español: intentamos que se acabe con la impunidad y también concienciar sobre el peligro de las balas de goma
Foto: La penalista Anaïs Franquesa, en un momento de la entrevista/ Sergi Alcàzar
Con respecto a las balas de goma, han hecho campaña con otras entidades para que se prohíban en el Estado español.
Irídia no nace del nada sino de una red de entidades muy potentes de organizaciones de derechos humanos y de movimientos sociales, y éramos conscientes de que faltaba una entidad así y a nivel del Estado español también. Es clave y primordial trabajar en red y lo hacemos en todos los ámbitos, sobre todo en migraciones, protestas y memoria. Y con Stop Bales de Goma estamos intentando replicar lo que vivimos en Catalunya. Lo primero fue ver a las víctimas que hay, porque no hay ningún censo oficial, además del tipo de arma que se usa y los estándares internacionales y lo vamos presentando en diferentes lugares y siempre acompañados de organizaciones de allí. Por ejemplo fuimos a Pamplona y presentamos el informe a una comisión del Parlamento de Navarra para que este pida al Gobierno la prohibición de las balas de goma, y por la noche hicimos un acto que nos acogía un medio de comunicación de allí y vinieron víctimas. Y en paralelo se hará la incidencia política.
Siguiendo la estela de la comisión parlamentaria sobre las balas de goma, el Parlament ha aprobado finalmente una comisión para analizar el modelo policial catalán, como pedía Irídia y Amnistia. ¿Qué valoración hace?
La valoración es positiva porque el año pasado ya decíamos que nos hacía falta un mecanismo independiente de fiscalización y control de la policía. Y cuando se empezó a hablar de la comisión sólo se hablaba de modelo policial y finalmente se ha incluido los mecanismos de control, y ha sido gracias a la presión de Amnistía, Irídia y otros. Es una buena oportunidad porque habrá muchísimos comparecientes. Además de nuestra intervención, con Amnistía también hemos propuesto otros especialistas, como de mecanismos que hay en Kenia, en Jamaica, al Reino Unido y Gales. La finalidad es mostrar diferentes visiones de cómo puede funcionar un mecanismo y a partir de esta comisión conseguir que Catalunya tenga un mecanismo de control pionero, el mejor en este sentido.
Desde los sindicatos policiales y desde la misma dirección de los Mossos se ve con recelo esta comisión parlamentaria.
Hay un tendencia natural que todo grupo profesional cuándo se siente fiscalizado lo ve con recelo. Pero muchas de las medidas de fiscalización y evaluación que primero son vistas con recelo, después son bien acogidas y pedidas por parte de los propios sindicatos policiales. Un ejemplo claro, son las cámaras en la comisaría de las Corts el año 2007. Primero se vivió como un ataque a los Mossos y de falta de confianza...Y ahora quien pide las cámaras son los propios agentes porque cuando se pusieron las cámaras y se hizo público se redujeron las denuncias por maltratos de forma radical. Es positivo para todo el mundo. Lo que no puede ser es que haya actuaciones policiales como las que hemos visto en qué dentro del cuerpo policial no se actua de forma contundente, parece que no haya pasado nada. Y eso lo que genera es una desconfianza al cuerpo policial por parte de la ciudadanía. Y un cuerpo policial, como los Mossos, necesita que la ciudadanía confíe en él. Y en términos generales sí lo hace, pero hay actuaciones que no pueden pasar. Y la mejor manera es que haya un mecanismo de control, más allá que haya mecanismos internos, que también tienen que existir, sin embargo ahora fallan, además de ser insuficientes. Los principales mecanismos externos de control son los jueces, donde también vemos carencias. Vemos casos que se archivan en los juzgados de instrucción, y que la Audiencia provincial los reabre, o que la fiscalía no impulsa la investigación de casos de violencia policial y eso obliga a las víctimas a personarse como acusación particular y ser parte muy proactiva porque sino las deja desprotegidas. Por eso creamos Irídia.
El principal mecanismo de control externo policial son los jueces pero también vemos carencias. Se archivan casos y la fiscalía no impulsa investigaciones sobre casos de violencia institucional y lo tienen que hacer las víctimas
¿Uno de estos casos de impunidad es el de Olga que recibió una bala de foam en el cráneo en las protestas contra la sentencia del Supremo a los independentistas catalanes?
Sí. Olga tiene unas secuelas muy graves: se temió por su vida, y ahora tiene un 85% de sordera y epilepsia crónica. Ella no denunció su caso al juzgado. Estamos en la vía administrativa. Han pasado dos años desde los hechos y un año desde que se presentó la reclamación a la Generalitat y todavía no se ha abierto el trámite de audiencia. Va muy lento y creemos que eso no puede ser. Se ha incoado el procedimiento, hay una instructora pero todavía no han citado a declarar a la persona afectada ni testigos. Nos han pedido los informes, pero no sabemos si ha habido una investigación interna o no.
¿Lleváis más casos de jóvenescon lesión ocular por bala de foam?
Sí. Hay otro caso de un chico, que el juzgado de instrucción 7 de Barcelona ha concluido que no se puede identificar al escopetero de los Mossos que disparó y se tendrá que hacer una reclamación. Y también la chica que perdió el ojo el pasado febrero, en la protesta por Hásel. De casos conocido por nosotros de pérdida de ojo o ceguera por bala de foam son cuatro casos, más el de Olga.
¿Con estos heridos están en cuestión las balas de foam que usan los Mossos?
Sí. Está en cuestión el arma. En el Parlament algunos grupos pidieron su suspensión, que no se aprobó. Pero lo que exigimos ya es que el protocolo, de marzo del 2019, prohíba estrictamente disparar por encima del abdomen. Es intolerable que el actual prevea la posibilidad, aunque sea excepcional cuando haya objetos arrojadizos, de disparar a las extremidades, porque incluye las manos, y el margen de error es muy grande, como hemos visto. Y además, está en cuestión el proyectil que están utilizando los Mossos. Hemos comprobado que se está usando un proyectil muy potente. El protocolo prevé que esté a una distancia de 20 a 60 metros. En uno de los casos de lesión fue disparado a 22 metros. Y se usa el proyectil más potente, el SIR-X, cuando hay otro, el SIR, de menor potencia. Y queremos saber quién decide que proyectiles se usan y su compra.
Foto: Franquesa es la abogada de Roger Español, que perdió el ojo derecho de un impacto de una bala de goma el 1-O/ Sergi Alcàzar
Los comerciantes reclaman acciones contundentes cuando se queman contenedores y se rompen escaparates
En la guía de Naciones Unidas del año 2020 sobre armas menos letales, que incluye los proyectiles de foam, dice que estos se tienen que utilizar cuando hay peligro para la vida o en lesiones graves. No prevé que se utilicen en caso de daños patrimoniales. Y además, precisa que cuando se usen estas armas no tiene que ser de forma discriminada sino concreta a unas personas y nunca por encima del abdomen. La guía tiene directrices muy claras y tajantes que el protocolo de foam de los Mossos no cumple. Está en duda la propia arma, el protocolo, quién decide el protocolo y cuándo se adquieren las armas.
¿Quién lo tendría que controlar?
En el Reino Unido, por ejemplo, la decisión para adquirir un arma es mucho más pública. Hay un comité interdisciplinar que hace un examen jurídico de la adquisición del arma, desde el punto de vista técnico pero también de derechos humanos. Y en Catalunya no sabemos quién decide la compra ni de qué manera se escogen las armas. Quizás hay un procedimiento, pero no lo sabemos y como ciudadanía tenemos derecho a saberlo y poder fiscalizarlo.
En la guía de Naciones Unidas del 2020 sobre armas menos letales, que incluye los proyectiles de foam, indica que se tienen que utilizar si hay peligro para la vida y en lesiones graves, y por debajo de l'estomago
¿En las últimos años, el derecho de manifestación se ha criminalizado?
Lo que es evidente es que hace unos cuantos años -y es un fenómeno global, no sólo en Catalunya‑ hay lo que se conoce como la reducción del espacio de la sociedad civil. Eso quiere decir que cada vez hay más leyes, como la ley Mordaza, que dificultan ejercer este derecho de manifestarse o leyes que dificultan la ayuda exterior a organizaciones locales, como a Hungría, El Salvador. Y El Código Penal español, desde la reforma del 2015, es mucho más duro. Ahora, una persona que va a una manifestación y se lo acusa de quemar un contenedor se le pide seis y siete años de prisión, que es muchísimo. Y eso se ha naturalizado. Cada vez hay leyes más regresivas. No sé si hay más violencias policiales, lo que sí que hay es más conciencia que no puede ser, sobre todo en Catalunya. Los hechos del 1 de octubre de 2017 fueron muy graves. Y tenemos más recursos, como los vídeos que graban los hechos. Por eso hay mucha resistencia que la ciudadanía fiscalice. Un ejemplo, es la polémica con la ley Mordaza, que incluyó aquel artículo en que se decía que se impedía grabar a los cuerpos policiales. El Tribunal Constitucional se pronunció y dijo que se tenía que sacar este punto y se aclaró que era el uso de las imágenes que pudieran poner en peligro la intimidad del agente. Muchos juristas defendemos que un agente de la policía que actúa en sus funciones en un espacio público y que podría ser que cometiera un delito, no está amparado. Obviamente, tiene intimidad cuando sale de su casa para ir a comprar el pan.
¿Qué opina de la anunciada reforma de la Ley Mordaza?
Nosotros esperábamos la derogación de la ley Mordaza, tal como se había comprometido el Partido Socialista. Además, la ley Mordaza ha salido en muchos foros internacionales y organismos internacionales se han pronunciado diciendo que pone en peligro la libertad de expresión, de manifestación y de información. No es sólo una reclamación que hacemos desde la ciudadanía. Naciones Unidas ya ha dicho que esta ley no tendría que existir. Y por lo tanto, en este reforma se tienen que sacar todo lo que recorte el derecho de expresión y manifestación.
Somos prudentes porque no sabemos la incidencia de la pistola Taser en la muerte del hombre de Badalona. Pero es el prototípico que decimos que no se tendría que usar porque la persona tiene un brote psicótico y no se sabe si ha consumido estupefacientes y si sufre cardiopatías previas
Foto: Franquesa, en la sede d'Iridia, en la calle Riera d'Escuder, 38/ Sergi Alcàzar
Esta semana hemos sabido de la muerte de un hombre en Badalona después de que los Mossos lo redujeran con una pistola Taser. Es el primer caso.
Sí. Hay versiones contradictorias entre la familia y la policía. Pero este caso demuestra que es el caso prototipico que decíamos que podría pasar. Es decir, es una persona con un problema de salud mental, con un brote psicótico. No sabemos si había consumido estupefacientes o no, si sufría cardiopatias prevías o no. Pero es que el agente que dispara tampoco lo sabe. En este caso concreto, hay que saber la incidencia de la pistola Taser en la muerte. No hemos tenido acceso a la autopsia ni nada y tenemos que ser prudentes. En todo caso, alertabamos que la peligrosidad de las Taser es eso, que se pueden usar en casos que no se tendrían que usar y que no se sabe las patologías de la persona. Además, tendríamos que analizar cómo abordamos la salud mental.
El cuerpo de Mossos, sin embargo, indica que la Taser es clave en estos casos de una persona con un brote psicótico
Sí. Y, nosotros lo ponemos como ejemplo que no se tiene que usar la Taser en una persona con un brote psicótico. El Parlament avaló el uso de las Taser, pero hay que ver en este caso concreto qué ha pasado.
¿Con la pandemia de la Covid-19 se han recortado todavía más derechos?
Como sociedad estamos asumiendo un montón de restricciones sin plantearnos qué impacto pueden tener en los derechos humanos. Y no cuestiono que se tengan que adoptar algunos. Sí que me preocupa que como sociedad no tengamos un espacio para reflexionar hasta qué punto se está llegando a un control excessivo. Como es un tema muy delicado, cuesta mucho hacer una reflexión conjunta, y quien ahora hace las críticas tienen un aire negacionista... Participé en el comité de expertos que promovió la Generalitat el año pasado, y en aquel contexto el pasaporte covid-19 todos lo veíamos que no se tenía que aplicar porque podía ser discriminatorio, y ahora lo hemos asumido con naturalidad y todos lo tenemos descargado en el móvil. Leía un informe que llega a la conclusión que en los lugares donde se habían puesto las medidas con respeto a los derechos humanos, se había asumido mejor que cuando es desde la vertiente punitiva y restrictiva. Al principio, hubo una gestión policial y restrictiva de la pandemia, y quizás sí que nos planteamos poco este debate. Es precisamente en situaciones de emergencia cuando los derechos humanos tienen que estar más presentes que nunca. Tienen que estar siempre, no cuando las cosas van bien. Quizás sí que tenemos que reflexionar un poquito más.
Foto principal: Anaïs Franquesa, codirectora de Irídia / Sergi Alcàzar