La ley de amnistía continúa su camino parlamentario. Este martes la Mesa del Congreso resuelve algunas de las incógnitas que todavía cernían en la Carrera de San Jerónimo desde que la semana pasada el pleno de la Cámara Baja tomó en consideración la proposición de ley. El órgano de gobierno del Congreso aprueba la tramitación de urgencia, habilita el mes de enero para poder celebrar plenos, decide que la comisión competente será la de justicia y fija del sábado 23 de diciembre al miércoles 3 de enero el plazo para presentar enmiendas. Vamos por partes.

Tal como había pedido el PSOE, la Mesa da luz verde a la tramitación de urgencia, que reducirá los plazos a la mitad. El próximo paso será presentar las enmiendas: el próximo sábado, 23 de diciembre, se abrirá el plazo para registrarlas, tanto las de totalidad como las que afecten al articulado, según informan fuentes del entorno de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Los grupos parlamentarios tendrán tiempo hasta el miércoles 3 de enero, siete días hábiles más tarde, para presentar las enmiendas.

El debate de totalidad: en enero y en el hemiciclo del Senado

Los cálculos, por lo tanto, son que el pleno de totalidad se celebre a principios de enero. A este efecto, la Mesa habilita el mes de enero para que se puedan celebrar plenos, ya que la Constitución fija que los periodos de sesiones ordinarios son de febrero a junio y de septiembre a diciembre.

El pleno que debata, vote y rechace las enmiendas a la totalidad de texto alternativo que previsiblemente presentarán el PP y Vox se celebrará, si nada cambia, en el hemiciclo del Senado, dado que el del Congreso estará en obras por un proceso de cambio de las pantallas y del sistema informático de los escaños de los diputados. La Cámara Alta ya ha dado el visto bueno.

Tramitación en la Comisión de Justicia

La última decisión que toma la Mesa es que la proposición de ley de amnistía se tramite en la Comisión de Justicia, y no en la Comisión Constitucional. Las mismas fuentes próximas a Armengol apuntan que “tradicionalmente” las iniciativas legislativas que tienen que ver con el Código Penal se han enviado a la Comisión de Justicia.

En términos prácticos, la diferencia entre tramitarla en la Comisión de Justicia o en la Constitucional es pequeña, ya que la única variación son los diputados que intervendrán en su examen minucioso, en pulir su redactado y en el debate en comisión. El número de parlamentarios que forman parte, las mayorías y los votos que tendrá la iniciativa son los mismos, dado que el reparto es homogéneo para todas las comisiones.

La Comisión de Justicia está presidida por Francisco Lucas, diputado del PSOE por Murcia, mientras que el presidente de la Comisión Constitucional es José Zaragoza, diputado del PSC por Barcelona. Los letrados de la Comisión de Justicia son Piedad García-Escudero, letrada de las Cortes Generales desde 1981 y secretaria general del Congreso de 2000 a 2004, e Isabel Revuelta.

De Rufián a Vallugera y de Madrenas a Cervera

La variación palmaria, pues, son las caras y las voces que participarán en los trabajos parlamentarios: son los diputados que podrán formar parte de la ponencia y que debatirán y votarán las enmiendas en la comisión.

En este caso, los portavoces de los partidos independentistas en la Comisión de Justicia son Pilar Vallugera (de ERC) y Josep Maria Cervera (de Junts). Para el resto de grupos que darán apoyo a la amnistía, habrá Francisco Aranda (del PSC), Enrique Santiago (de Sumar), Jon Iñarritu (de Bildu) y Mikel Legarda (del PNV). El PP y Vox harán oposición a la norma con María Jesús Moro y Javier Ortega Smith, respectivamente.

En cambio, si la amnistía se hubiera enviado a la Comisión Constitucional, hubieran tomado parte de su tramitación Gabriel Rufián (de ERC), Marta Madrenas (de Junts), Cayetana Álvarez de Toledo (del PP), Íñigo Errejón (de Sumar) o Mertxe Aizpurua (de Bildu).