Aliança Catalana se ha posicionado este martes en el Parlament a favor de la petición de Vox para retirar una de las amonestaciones públicas impuestas a su portavoz, Joan Garriga, por sus expresiones contra el expresident de la Generalitat Lluís Companys. La formación de Sílvia Orriols se ha alineado así con Vox y el PP en la junta de portavoces, aunque es una cuestión que se ha votado. Si bien es una decisión que adoptará la Mesa del Parlament esta tarde, los portavoces de los grupos han fijado su posición, y los tres únicos grupos que han optado por posicionarse a favor de la reconsideración son PP, Vox y Aliança.
Los posicionamientos en la junta de portavoces se han producido después de que Vox presentara dos escritos para pedir que se reconsideraran las dos amonestaciones verbales impuestas a Garriga. Una de ellas hace referencia a unas declaraciones en las que el dirigente de Vox acusó a los socialistas de "gastarse el dinero en drogas y putas". La otra está relacionada con las expresiones contra Companys, a quien Garriga calificó de "asesino" en el marco del homenaje que el Parlament dedica anualmente al expresident de la Generalitat, fusilado por el franquismo en 1940. Durante la junta de portavoces, los representantes de Vox han explicado que la reconsideración que han reclamado afecta también al expediente relacionado con las manifestaciones sobre Companys. A pesar de ello, Aliança Catalana ha optado por apoyar la petición. La formación de Sílvia Orriols no ha dado, de momento, ninguna explicación pública sobre el sentido de su voto.
Vox contra Companys, de nuevo
En octubre de 2025, con motivo del 85 aniversario del fusilamiento de Companys, Vox ya desplegó en el Parlament una pancarta en la que calificaba al expresident de "asesino". La formación también dejó un folleto delante de la figura de homenaje instalada en la cámara con el mismo mensaje. La acción recuperaba una protesta que Vox ya había protagonizado el año anterior, cuando los diputados del partido exhibieron carteles durante la ofrenda floral a Companys con el lema "Companys, asesino de 8.352 catalanes". El partido sostiene que Companys fue responsable de la persecución y el asesinato de miles de ciudadanos del bando nacional y católico durante la Guerra Civil y lo acusa también de ser un "golpista" y responsable de la destrucción de edificios religiosos.
Ese octubre, los partidos catalanistas reaccionaron contra la acción de Vox y la CUP reclamó a la Mesa que estudiara posibles infracciones del Código de conducta y que se aplicara el régimen sancionador al grupo parlamentario. El episodio también tiene otra particularidad: el homenaje institucional a Companys de aquel 22 de octubre contó con representantes de prácticamente todos los grupos de la cámara, incluida Aliança Catalana. Participaron diputados del PSC, Junts, ERC, Comuns, CUP y también de la formación de Sílvia Orriols, en un acto institucional que el Parlament había instaurado el año anterior.
Una sanción compartida con Orriols
La amonestación a Garriga forma parte del mismo procedimiento por el que el Parlament también amonestó públicamente a Sílvia Orriols. El 28 de julio, la Mesa de la cámara acordó imponer una amonestación pública a ambos diputados después de que la Comissió de l'Estatut dels Diputats concluyera que habían cometido una falta leve por incumplir el Código de conducta del Parlament. El artículo 7 del código obliga a los diputados a mantener una actitud "ejemplar y respetuosa". En el caso de Garriga, la comisión consideró que había vulnerado este principio tanto por las expresiones contra Companys como por las acusaciones dirigidas contra los socialistas.
La comisión había concluido que sus manifestaciones constituían un incumplimiento del Código de conducta, advirtiendo que para aplicar sanciones más graves sería necesario modificar el reglamento de la cámara. Finalmente, la Mesa optó por la amonestación pública, la medida más leve, en lugar de una sanción económica. La amonestación se debe comunicar a los afectados, publicar en el Butlletí Oficial del Parlament y leer durante un pleno.
El Código de conducta contempla, para las faltas leves, medidas que pueden llegar hasta multas de entre 600 y 12.000 euros, pero en este caso la Mesa descartó la vía económica. En el caso de Orriols, el expediente se abrió a raíz de diversas intervenciones contra la diputada de ERC Najat Driouech. La líder de Aliança Catalana había acusado a Driouech de "normalizar el fundamentalismo islámico" por el hecho de llevar velo, entre otras expresiones dirigidas contra ella. La Comissió de l'Estatut dels Diputats consideró que estas manifestaciones constituían un "señalamiento" incompatible con el decoro parlamentario y advirtió que "no se puede acosar a un diputado".
La comisión remarcó, en este sentido, que la libertad de expresión de los parlamentarios debe ser compatible con el Código de conducta y con la necesidad de evitar "el acoso y el señalamiento sistemático" dentro de la cámara.