La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, se ha presentado por sorpresa este lunes a la visita que ha hecho la Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, al Institut de Recerca de Can Ruti. Sabater no había sido invitada, pero se ha personado igualmente para reprochar a Montserrat los efectos que tiene para la ciudad la aplicación del artículo 155. Según la alcaldesa, la actual situación tiene "retenidos" 2 millones de euros del Consorcio Badalona Sud para proyectos socioeducativos.

"No pueden pasearse por el territorio aparentando normalidad, cuando estamos sufriendo tantos agravios", ha dicho en un tuit. La ministra, por su parte, defiende que el Estado está haciendo una gestión "rigurosa" de todos los asuntos que hay sobre la mesa y prevé que el caso del Consorcio badalonés pueda pasar por el Consejo de Ministros el próximo viernes.

Montserrat ha detallado que el expediente del Consorcio Badalona Sud llegó al Ministerio procedente del Departamento de Salud el pasado 19 de enero y ahora "se están siguiendo todos los trámites" con la previsión que pueda pasar pronto por el Consejo de Ministros, posiblemente este viernes.

Las cámaras de Badalona Televisión han podido captar el encuentro y la conversación entre la alcaldesa y ministra.


La ministra no ha querido polemizar con Sabater, al contrario de lo que pasó el viernes pasado con el delegado del gobierno español, Enric Millo, que calificó a la alcaldesa de "intolerante". Montserrat asegura que las relaciones institucionales que tiene el gobierno español con el resto de instituciones es "cordial y de respeto".

La semana pasada Sabater plantó Millo en un acto de entrega de unas obras, donde sí que había sido invitada, como muestra de protesta por el 155 y la represión. En el acto, que tuvo lugar el viernes, varios ciudadanos increparon a Millo y obligaron a los Mossos a intervenir. El delegado del gobierno español culpó a Sabater.

Con todo, la alcaldesa de Badalona asegura que la intervención de la Generalitat "bloquea" y "castiga" a los ciudadanos porque, según dice, el Estado no ha asumido su "responsabilidad de gestión: "La aplicación del 155 se hizo con una clara voluntad de represión ideológica, pero después no han calculado las consecuencias administrativas que comporta".