El ministro de Asuntos exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha remitido un documento a los embajadores españoles a todos los países de la UE con los argumentos que tienen que exponer en estas capitales para conseguir su apoyo a la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego. El texto enumera todos los motivos por los cuales la inclusión del catalán, el vasco y el gallego, como lenguas cooficiales en el régimen lingüístico de la Unión Europea —tal como pidió el Gobierno el pasado mes de agosto— no supondría ningún precedente, e insiste en la voluntad de España de asumir el coste que supone la medida. A pesar de la defensa de la medida, Albares reconoce a los embajadores que entre los socios comunitarios existe la duda sobre la posibilidad de que el hecho dar luz verde a la incorporación de las tres lenguas puede "generar un precedente para otras lenguas regionales" que se hablan en los Estados miembros.

En el texto enviado a los embajadores, el ministro recuerda que la propuesta inicial que envió el Gobierno el mes de agosto, ha sido mejorada para superar las dudas del resto países. En la actualización se ha incorporado un anexo en el cual se expone al detalle la "especificidad del caso español" para justificar así el aval de los Veintisiete y se fijan una serie de condiciones en que "ninguna lengua diferente del catalán, el vasco y el gallego cumple actualmente".

Requisitos para incluir el catalán

Para aceptar la inclusión de nuevas lenguas hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir. En concreto, se plantea que la lengua sea originaria de un Estado miembro y que cuente con el reconocimiento de la Constitución del estado en cuestión. Con todo, para conseguir la oficialidad en la UE, la lengua que se quiere incluir se tiene que utilizar en el Parlamento nacional, un punto que ya cumplen ahora el catalán, vasco y gallego, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Además, tiene que haberse utilizado más de 10 años en las instituciones europeas sobre la base de acuerdos administrativos entre las mismas y el Estado miembro, un requisito que también cumplen las tres lenguas cooficiales, y que los tratados de la UE se hayan traducido en esta lengua y se haya depositado una copia certificada en los archivos del Consejo.

Aparte, el Gobierno plantea que el Estado miembro que pide la inclusión en el reglamento lingüístico de la UE de una nueva lengua se tiene que comprometer a asumir los costes derivados del uso de esta, un paso que también ha dado España. Precisamente, sobre esta cuestión, Albares informa a los embajadores de que el ejecutivo español queda a la espera de recibir el informe que solicitaron a la Comisión Europea sobre la estimación de costes. Con todo, el ministro asegura que España está dispuesta a asumirlo "el informe sería a efectos de posterior implementación". El Gobierno no ha querido dar en ningún momento una estimación concreta, más allá de asegurar que sería una cifra "asumible" para las arcas del Estado.

12 de diciembre: nuevo debate por la oficialidad del catalán

Este lunes se conoció la nueva fecha en la cual se debatirá sobre la oficialidad del catalán en la UE, y será el 12 de diciembre. Albares quiere que los embajadores en los Estados miembros le hagan saber el "resultado de sus gestiones" para conseguir el apoyo antes del 6 de diciembre. Este será el último intento para llevar la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego al Consejo, ya que el próximo 31 de diciembre abandonará la presidencia rotatoria, que pasará a ostentar Bélgica.

Para que catalán, vasco y gallego se sumen a las 24 lenguas oficiales que hay en la UE es necesaria la unanimidad de los Veintisiete. A pesar de que el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que ningún socio se ha opuesto rotundamente a la petición española, han sido varios los que han planteado dudas sobre las consecuencias que un paso de este tipo podría tener.