La asociación de jueces Ágora Judicial ha criticado este miércoles a través de un comunicado la decisión del gobierno español sobre el amparo al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. La asociación de jueces cree que "uno de los caminos para preservar la independencia judicial es la observancia de manera estricta del principio de división de poderes" y apuntan que este podría quedar "estropeado" por el hecho de que el ejecutivo del Estado costee la defensa en la demanda interpuesta contra la actuación particular de un juez.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena / ACN
Según la asociación, que el Estado se haga cargo de la defensa podría ser contrario al "principio de responsabilidad personal de los jueces y magistrados". Al comunicado también aseguran que es "primordial" el cumplimiento de los plazos fijados para la realización de determinadas actuaciones y añaden que su ejecución extemporánea las invalida en relación al hecho de que Llarena presentó el recurso de amparo fuera de plazo.
Independencia del poder judicial
En relación al plazo para presentar el recurso de amparo, Ágora Judicial asegura que el artículo 320 Reglamento 2/2011 "fija con claridad que el plazo para solicitar el amparo es de 10 días desde la producción de los hechos o de su conocimiento por parte del juez afectado". Así, la asociación de jueces cree que "la respuesta desigual en supuestos análogos exige una especial motivación para no convertirse en arbitrariedad y en tratamiento discriminatorio".
Por otra parte, Ágora judicial cree que los hechos que fundamentarían la "inquietud o perturbación de la independencia del juez instructor Pablo Llarena derivan del ejercicio, por parte de nacionales españoles residentes en países de la UE, de acciones legalmente previstas, cuya cuantificación pertenece sólo a las partes". Ante el ejercicio de este derecho, apuntan a los jueces, "sólo corresponde a los órganos judiciales españoles, de acuerdo con la normativa europea de cooperación judicial en materia civil, prestar el auxilio reclamado".