La Mesa de las Corts Valencianes ha aceptado a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por un exfalangista y líder de la extrema derecha valenciana extraparlamentaria, Juan García Santandreu. Esta ILP ha indignado a la izquierda valenciana, ya que aboga por prohibir el uso del término "País Valencià", así como perseguir a quienes defiendan que el valenciano y el catalán son la misma lengua. Sin embargo, aunque algunas de las propuestas de esta revisión de la ley de Señas de Identidad van en contra del Estatut d'Autonomía, la Mesa, presidida por Vox, ha aceptado la ILP.
Según informa elDiario.es, el texto de la ILP ha sido impulsado por Juan García Santandreu, quien fue candidato falangista en los ochenta y dirigió el grupo anticatalanista GAV en los noventa. La revisión de la misma que propone el exfalangista es de corte claramente anticatalanista y plantea incluso sanciones graves. Por una parte, se pide que se considere una falta administrativa e "ilegal" el uso de la denominación "País Valencià", con las sanciones administrativas correspondientes. Sin embargo, esta denominación se reconoce dentro del preámbulo del Estatut d'Autonomia. Por otra parte, también se pide que ningún partido político, sindicato, medio de comunicación o "sistema educativo" pueda sostener que valenciano y catalán son la misma lengua, yendo en contra del consenso académico y de la propia Academia Valenciana de la Llengua.
De aquellos polvos, estos lodos, y en este caso, esta ILP nace del eco de la polémica ley de Señas de Identidad aprobada en solitaria por el PP en 2015 antes de perder de las elecciones. No en vano, la ILP busca modificar esa ley. En su momento, la ley del PP valenciano ya fue criticada por el Consell Valencià de Cultura y las universidades.
La izquierda valenciana denuncia la iniciativa
Mientras que la Mesa de las Corts Valencianes, en manos de Vox, no ha tenido ningún problema en aceptar esta ILP a trámite, a pesar de ir en contra de normativas como el Estatut, la izquierda valenciana ha puesto el grito en el cielo. Tanto Compromís como el PSPV han tachado de "peligrosa" esta tramitación. "Se tramitan cuestiones contrarias al Estatut d'Autonomía, que consideran delito el propio cumplimiento de la ley", ha denunciado la diputada socialista Mercedes Caballero, quien ha señalado que la ultraderecha abre la puerta a estos discursos y el PP los apoya. "Consideramos muy peligroso y absolutamente intolerable que se proponga una ILP que atenta contra los principios básicos de la democracia y potencia la persecución de entidades que no comulguen con las ideologías ultra", ha señalado la diputada de Compromís, Maria Josep Amigó.