Después de un año de toma y daca, las discrepancias entre los dos socios del Gobierno por los Presupuestos Generales del Estado y la ley de la vivienda se habían cronificado. Finalmente, sin embargo, el PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo para los dos proyectos, según ha anunciado el propio ejecutivo de Sánchez.

Uno de los principales escollos que se encontraban los dos partidos para sacar adelante los presupuestos y la ley de la vivienda era, justamente, esta última. Las posiciones entre los dos partidos chocaban especialmente con respecto a la regulación del precio del alquiler. Para Unidas Podemos este era un punto prioritario que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido públicamente.

Según adelanta El País, Díaz y el presidente Pedro Sánchez han sido los que finalmente han desbloqueado las negociaciones en las dos materias. Las negociaciones en el seno del Gobierno se han intensificado durante el fin de semana y han desembocado en un acuerdo largamente esperado.

Resistencia con los alquileres

Los dos partidos que conforman el Gobierno coinciden en el hecho de que es una normativa necesaria, pero no están de acuerdo en hasta dónde tiene que llegar. Podemos reclamaba poner un tope a los precios de los alquileres en aquellas zonas llamadas de mercado tensado, donde los precios de los inmuebles habrían crecido de forma continuada en un periodo de tiempo.

Los socialistas, por su parte, consideraban más oportuno dar beneficios fiscales a los propietarios para conseguir que estos bajaran voluntariamente los precios de sus alquileres.

Según fuentes de Unidas Podemos, el acuerdo sobre la ley de la vivienda incluirá la retirada de privilegios fiscales y la regulación de los precios del alquiler en las zonas de mercado tensado, en el caso de los grandes propietarios, es decir, aquellos que tengan más de 10 viviendas en propiedad. En cuanto a los pequeños propietarios, la ley contempla la congelación de los precios del alquiler e incentivos fiscales para bajar los precios.

La normativa apuesta por un parque público de alquiler, el cual se nutrirá del 30% de las viviendas de todas las promociones de vivienda protegida. Para luchar contra las casas vacías cuando hay tanta gente que necesita un techo, la ley impulsa un impuesto por estos inmuebles, a través del recargado del IBI de hasta el 150%.

Distanciamiento del PSOE

Mientras que Podemos puede estar orgulloso de avanzar poco a poco hacia la ley de vivienda que quieren, el PSOE no para de justificarse. Los Presupuestos Generales del Estado para el 2022 están sirviendo de arma arrojadiza a muchos partidos de la oposición. Los socialistas no quieren que la ley de la vivienda sea percibida de esta manera y el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha insistido rápidamente en desvincular un acuerdo en materia de vivienda con su socio de gobierno a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

"Habrá un acuerdo (sobre vivienda), pero no condicionará los presupuestos" ha indicado Gómez, que ha añadido que si los dos socios consiguen un buen entendimiento al respecto, no será necesario continuar con otras iniciativas. "Tendremos un acuerdo muy pronto en materia de vivienda que será bueno para España", ha insistido.

 

Imagen principal: Pedro Sánchez, presidente de España, y Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social / Europa Press