Irene Rigau podrá volver a ejercer un cargo público a partir de este lunes. La exconsellera de Ensenyament del gobierno de Artur Mas había sido condenada a seis meses de inhabilitación por su participación en la consulta del 9-N. Concretamente, el Tribunal Supremo la condenó por abrir colegios de su departamento para permitir la votación. Además, Rigau tiene parte sus bienes embargados para pagar la multa de 24.000 euros impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la misma causa.

La exconsellera fue condenada a inhabilitación el pasado 23 de enero del 2019, conjuntamente con el expresidente Artur Mas y la exvicepresidenta Joana Ortega. Mas no podrá ejercer un cargo público hasta el 21 de febrero del 2020, porque fue condenado a un año y un mes, y Ortega estará inhabilitada hasta el 19 de octubre del 2019, ya que en su caso es de nueve meses. Con respecto a Rigau, la pena acaba hoy, 19 de julio. Estas inhabilitaciones se suman a la que ya se impuso a Francesc Homs durante el juicio por el 9-N de un año y medio.

Aparte de la inhabilitación, los tres exmiembros del Govern han pagado una multa total de 90.000 euros. Mas ha abonado los 36.000 euros que se le requerían; Ortega, 30.000, y Rigau, los 24.000 restantes.

Pendientes de otras condenas

Sin embargo, la causa no acaba aquí. El 9-N todavía tiene abierto otro procedimiento judicial en el Tribunal de Cuentas. El 12 de noviembre pasado, este tribunal condenó a los cuatro miembros del gobierno de Mas y seis acusados más a devolver 4.946.788,16 euros por la organización del proceso participativo.

El tribunal considera que han tenido una responsabilidad contable y que utilizaron dinero público. La condena es solidaria y, por lo tanto, tendrán que aportar el dinero entre todos, aunque el expresidente Mas está considerado el máximo responsable y tendría que asumir lo que no aporten el resto de condenados. Todos ellos ya han recurrido la decisión.

Aparte de Mas, Ortega, Rigau y Homs, los otros acusados son el entonces subdirector de Gobernación, Lluís Beltrán; la directora de Gobernación, Josefina Valls; el director de Difusión de la Generalitat, Jordi Vilajoana; el director del Diari Oficial de la Generalitat, Jaume Domingo, i el responsable de Mitjans, Ignasi Genovès.

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Imagen: acusados por el 9-N / C.C.

Antes del juicio, todos ellos ya tuvieron que depositar 5,2 millones de euros de fianza, de los cuales 2,8 en efectivo (aportado por la caja de solidaridad) y el resto con inmuebles de su propiedad como aval.

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