La audiencia de Barcelona ha absuelto al cabo de la policía local de Pineda de Mar, Carles Santacreu, para quien pedían 3 años de prisión por la expulsión de 500 policías de un hotel del municipio en octubre de 2017. La misma pena se pedía para dos cargos socialistas del ayuntamiento, que finalmente han aceptado un acuerdo de un año de prisión. En concreto, la fiscalía pedía tres años de prisión y de inhabilitación en cada a uno de los tres acusados por un delito de coacciones con la agravante de prevalencia de carácter público. Finalmente, el jefe de la policía local de Pineda de Mar, representado por Andreu Van den Eynde, ha quedado absuelto de los cargos.

El fiscal coordinador del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, acusaba la entonces primera teniente de alcalde de Pineda de Mar, la socialista Carme Aragonès; el segundo teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Jordi Masnou –también del PSC, que continúa en el consistorio, ahora como tercer teniente de alcalde–, y el jefe de la policía local de Pineda, Carles Santacreu, por haber "exigido" a la dirección de una cadena hotelera "la expulsión" de unos 500 agentes de la policía española que tenía en los hoteles Checkin Pineda y Checkin Montpalau, el día siguiente del referéndum y las polémicas cargas policiales del 1-O.

Durante el juicio el jefe de la policía de Pineda de Mar ha sostenido él no hizo ninguna amenaza y que, vestido|traje de paisano, solo acompañó a los responsables municipales al hotel. A Carles Santacreu se le ofreció un acuerdo, que no aceptó y que consistía en aceptar un año de prisión. Este mismo acuerdo se ofreció a los dos concejales del PSC que finalmente cedieron y aceptaron un año de prisión.

Los hechos que los han llevado a juicio

En su escrito de acusación, el fiscal Aguilar expuso que la noche del 2 de octubre del 2017, Aragonès, Masnou y Santacreu –que no iba de uniforme, pero se presentó como jefe policial–, de "manera irregular, porque no habían pedido cita", fueron al hotel Checkin Montpalau y "conminaron" al director a "expulsar a los funcionarios de la policía". El director les indicó que no podía, ya que tenían la reserva hasta el 5 de octubre y, viendo su insistencia, llamó al gerente de la cadena para hablar con los políticos. Según el fiscal, el concejal de Urbanismo, "con tono desafiador", le ordenó "sacar a estos clientes sí o sí" y, en vista de la oposición del gerente, "a gritos y enfadado, le dijo que le cerraría el hotel durante cinco años". Finalmente, el gerente cedió e informó a la policía española de la amenaza. Una parte de los agentes se marcharon el 5 de octubre, como fijaba el contrato. La contundencia policial el 1-O provocó concentraciones de ciudadanos indignados delante de los hoteles donde se alojaban los agentes y se vivieron momentos de mucha tensión.

El juicio se tenía que celebrar en el juzgado de lo penal 2 de Arenys de Mar el marzo pasado, y una vez en la sala de vistas, el fiscal expuso que se había dado cuenta de que Santacreu tiene en vigor el cargo policial y se tendría que juzgar en la Audiencia de Barcelona, y la jueza suspendió el juicio. La ley obliga a juzgar agentes policiales (de cualquier cuerpo) en las audiencias provinciales si es por una actuación como autoridad pública. Carles Santacreu había sido suspendido del cuerpo policial por el Ayuntamiento de Pineda de Mar, pero lo tuvo que readmitir en el 2021. La defensa de Santacreu, ejercida por el penalista Andreu van den Eynde, aclaró que nunca había perdido su condición de policía, que tiene desde el 2008, y que el gobierno local socialista lo había suspendido unas semanas.