La proposición de ley de amnistía, que se ha empezado a tramitar en el Congreso de los Diputados, recaerá tarde o temprano a manos del Tribunal Constitucional, que tendrá que decidir su encaje a la ley fundacional de la democracia española. Y en el órgano de garantías ha empezado este jueves un juego de equilibrios que puede hacer decantar la balanza en los próximos meses. Ya ha empezado la pugna para controlar a los magistrados que examinarán letra a letra la ley, porque, de la mayoría que haya, dependerá la sentencia sobre el texto que se acabe aprobando.

La abstención del magistrado progresista Juan Carlos Campo para deliberar sobre la eventual ley -que el TC todavía tiene que aceptar- empieza a estrechar la mayoría del ala progresista que domina el organismo interpretador de la Constitución. El gobierno de coalición cambió le dio la vuelta en la pasada legislatura al renovar el pleno del TC, dejando una mayoría de siete magistrados progresistas ante los cuatro considerados conservadores.

Esta superioridad se ha hecho notar a la hora de validar las leyes más icónicas de Pedro Sánchez, como la de educación, la de eutanasia o el impuesto a las grandes fortunas, al margen de avalar la del aborto aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero. A parte de estos once magistrados que integran el pleno, hay una duodécima plaza vacante, correspondiendo al sector conservador, aunque no se ha hecho el nombramiento por culpa del desacuerdo entre el PSOE y el PP por la renovación de la cúpula del Consejo General del Poder Judicial.

 

Con este contexto, el paso al lado de Campo con respecto a la amnistía equilibra un poco más las fuerzas -por seis en cuatro- entre los dos bloques de magistrados. Ahora bien, la cosa no se acaba aquí. Campo ha aprovechado un recurso de amparo de un particular contra la amnistía -que le reclama la recusación por su etapa al frente del ministerio de Justicia-, para renunciar a decir la suya y evitar comprometer la "imparcialidad" del TC. El exministro fue el responsable de firmar los indultos a los líderes independentistas, aunque en la argumentación defendió que la ley del olvido judicial era "inconstitucional".

Conde-Pumpido y Díaz, también cuestionados

Lo cierto es hay dos magistrados más del sector progresista que también están bajo la lupa de la duda. Otro de los recursos de amparo contra la amnistía ha ido a parar a manos de la magistrada Laura Díaz y en las cuales se le pide la recusación por haber sido alto cargo de La Moncloa entre el 2020 y el 2022. Tanto Díaz como Campo fueron los magistrados que el gobierno de Sánchez colocó en la renovación del TC. Ahora su vinculación pasada con el ejecutivo los puede pesar.

En la órbita también hay el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, a quien también le pueden caer peticiones para que dé un paso al lado. De hecho, Conde-Pumpido ya se apartó en abril de 2022 de todas las cuestiones relacionadas con el procés independentista después de una recusación solicitada por el presidente en el exilio, Carles Puigdemont. De hecho, después de la abstención de Campo, el Partido Popular ha pedido este jueves a Conde-Pumpido y Díaz que sigan los pasos de su compañero de pleno.

Según el criterio de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se tendrían que inhibir "todos aquellos magistrados del Tribunal Constitucional que tengan alguna tacha de parcialidad o de no independencia". "Evidentemente hay dos [en alusión a Campo y Díaz] que han formado parte del mismo gobierno y hay un tercero que es Conde-Pumpido que también se tendría que apartar de aquello que tiene que ver con este asunto", ha indicado Gamarra este jueves desde el Congreso de los Diputados.

 

Con una vacante por designar, los tres casos presentados son importantes con respecto a la composición de mayorías al pleno del TC, de aquí que el desenlace de las abstenciones y las recusaciones se avista determinante para la resolución de los futuros recursos sobre la amnistía. El Partido Popular ya tiene la maquinaria engrasada para acudir al órgano de garantías cada vez que sea posible. Y al final del camino, el Constitucional tendrá que mojarse sobre el fondo del texto.