Más novedades del caso Tsunami. La Abogacía del Estado ha pedido ahora al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que se quiere personar en la causa que investiga a los supuestos promotores de la plataforma Tsunami Democràtic, como representante civil de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). Precisa que es por los "daños ocasionados a la entidad por las movilizaciones del 14 de octubre de 2019, y que no han sido abonados por el Consorcio de Compensación de Seguros", sin indicar ninguna cantidad, según un documento aportado al juzgado y conocido este martes. Precisamente, AENA, a requerimiento del juez, ha aportado al magistrado un informe, en el cual sostiene que aquella protesta —masiva contra la sentencia del Procés a los independentistas catalanes—, provocó 11 retrasos y 115 cancelaciones de vuelos, muchas de las cuales fueron porque la tripulación o los pasajeros no pudieron acceder al aeropuerto. La Abogacía del Estado también se persona en nombre del Consorcio de Compensación de Seguros, que ha indemnizado en AENA con unos 362.000 euros por los "tumultos" de aquella protesta.

El juez mantiene la investigación de Tsunami por el delito de terrorismo e implica al presidente Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otros. La tesis de García-Castellón se basa en el hecho que se intentó subvertir el estado constitucional con protestas que afectaron al sistema aéreo español y que hubo una persona muerta, a pesar de que los investigadores y una jueza descartaron que el infarto que sufrió un ciudadano francés tenga alguna relación con la manifestación masiva. Además, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, en inglés) ya informó al magistrado del caso Tsunami que la protesta no había provocado ningún incidente de seguridad en el espacio aéreo europeo.

Ningún permiso del Ayuntamiento

En esta búsqueda de supuestas acciones subversivas, el juez del caso Tsunami incluso requirió al Ayuntamiento de Barcelona si había dado permiso para instalar un escenario el 9 de noviembre de 2019 en la plaza de Universitat de Barcelona, donde se montó una concentración del independentismo catalán. El jefe del distrito del Eixample le ha respondido ahora que “no consta ninguna solicitud de ningún acontecimiento que se hubiera llevado a cabo en aquella fecha” y, por lo tanto, no se tramitó ninguna resolución de autorización.

No se guarda ninguna llamada

Además, el Departament de Interior, en nombre del Servicio de Emergencias 112 (CAT112), también ha respondido ahora sobre el requerimiento del juez de la Audiencia Nacional sobre si Jean-Claude Scherzinger, o bien algún familiar, hicieron alguna llamada, que requiriera asistencia médica, el 14 de octubre de 2019. Se le ha precisado que “no se dispone de la llamada por su antigüedad”, y porque no había ningún procedimiento judicial abierto para conservarla. Y es que la embajada, Aena y el juzgado, donde recayó la muerte del ciudadano, así como los atestados médicos, descartaron ninguna vinculación con la muerte del ciudadano francés, que sufría una cardiopatía. El juez, con todo, ha ofrecido acciones legales a sus familiares, y su hija, recientemente, exigió que no se usara el nombre de su padre para hacer política. El servicio 112 deriva el juez a Aena, quien sí que ha indicado que se produjeron afectaciones aéreas, equiparables a cualquier huelga, como la de los últimos días.

Ahora, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional tiene que resolver el recurso de la Fiscalía, al cual se han adherido la mayoría de las defensas, que sostiene que el caso de Tsunami, como mucho, es un delito de desórdenes públicos, que se tendría que derivar a los juzgados de Barcelona o donde pasaron los hechos