El fiscal que lleva el caso del 3%, que se investiga en los juzgados del Vendrell por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante los gobierno de CIU, ha pedido inhibirse y que sea la Audiencia Nacional quien coja las competencias.
En un comunicado la Fiscalía General del Estado argumenta que "los hechos que son objeto de investigación en este procedimiento de la competencia de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo que disponen los artículos 65.1 c) y 88 de la LOPJ".
La pelota está ahora sobre la mesa del juez, que tendrá que decidir si se inhibe o no y traslada el caso a la Audiencia Nacional, tal como pide la Fiscalía.
Según el ministerio público, "en estas diligencias se ha constatado la existencia de un elevado número de procedimientos de contratación que se habrían realizado de forma fraudulenta, relacionados con licitaciones y adjudicaciones de obra pública de concursos ofrecidos por diferentes administraciones bajo la esfera de poder del partido político Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y de la Fundación CatDem".
Añade que "el administrador y tesorero tenia un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública, controlando los pagos encubiertos que las empresas contratistas entregaban finalmente a CDC bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: CatDem y Foro Barcelona. Entre los imputados hay los extesoreros de CDC Daniel Osàcar —condenado por el caso Palau— y Andreu Viloca.
Según la Fiscalía, "podrían haberse cometido varios delitos de prevaricación, soborno, alteración de precios de concursos, malversación, fraude contra la Administración, blanqueo de capitales y financiación ilegal de un partido político, concurriendo respecto de los delitos de malversación (artículo 432 y siguientes del Código Penal) y fraude contra la Administración Pública (artículo 436 del Código Penal)" y que estos delitos son competencia de la Audiencia Nacional "de conformidad con la interpretación que la Sala Segunda del Tribunal Supremo viene haciendo de los conceptos de "defraudaciones", "grave repercusión" en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional y afectación a una "generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".
Caso 3%
En el 2014 una concejala de Torredembarra denuncia presuntas irregularidades en las adjudicaciones públicas. En la investigación de la Guardia Civil se estira el hilo hasta llegar, el año pasado, hasta Germà Gordó, exdiputado de Junts pel Sí y exgerente de CDC.
Entre los imputados hay los extesoreros de CDC pero también empresarios.
A lo largo de los últimos 4 años, el juez de instrucción número 1 del Vendrell ha autorizado varias operaciones que han acabado con numerosos detenidos.
Ahora hace un año se detuvieron 18 personas en la operación Pika que se hizo a las vísperas del juicio del 9-N en Artur Mas. Entre los detenidos había Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona; Antoni Vives, exteniente de alcalde de CiU en Barcelona; Francesc Sánchez, exsecretario de régimen interno de CDC, y Andreu Viloca, extesorero convergente. También han sido detenidos el director de BIMSA, Ángel Sánchez, y el director técnico de infraestructuras de la misma entidad, Ernest Santolaria.