La Plataforma per la Lengua del País Valencià recoge en su último informe anual de Derechos Lingüísticos uno de los casos más sonados de discriminación lingüística. Un grupo de policías locales de Petrer (Vinalopó Mitjà, Alacant), irrumpió en la celebración de una boda y amenazó con llevarse al novio al cuartelillo si no se dirigía a los agentes en castellano. ElNacional.cat ha podido hablar con la ONG del catalán, que ha facilitado más detalles sobre el incidente. Esta solo es una de las 126 quejas por discriminación lingüística presentadas en la Plataforma este año, aunque el caso refleja el hecho de que la gran mayoría de estas vulneraciones se producen por parte de la administración pública y sus representantes, como son los agentes de los cuerpos de seguridad.

Discriminación lingüística en una boda de Petrer

Según la información de la Plataforma per la Lengua del País Valencià, el incidente tuvo lugar después de la ceremonia de la boda, cuando los invitados se dirigieron a uno de los casales de Petrer que habían alquilado para celebrar la fiesta. La Policía Local del municipio se desplazó hasta allí para atender las quejas por exceso de ruido que les habían llegado de las celebraciones, y pidieron hablar con el responsable. El novio se dirigió a los agentes en valenciano, pero chocó con la actitud de desprecio de los policías, que lo amenazaron con llevarlo al cuartel si no les hablaba en castellano mientras le expedían la multa por el ruido. Según la ONG del catalán, los agentes profirieron comentarios en la línea de "estamos en España, háblame castellano" al afectado. Finalmente, sin embargo, el novio decidió no ir más allá de presentar la queja a la Plataforma.

126 casos de discriminación en el País Valencià en el 2022

El informe de este año incluye 126 denuncias de discriminación lingüística solo en el País Valencià. Según los datos de Escola Valenciana, una de las organizaciones que ha colaborado con la elaboración del informe, este año han aumentado las quejas presentadas en un 20%. Según su opinión, una de las explicaciones es que "la gente está perdiendo el miedo a denunciar cuándo sufre una vulneración lingüística". En este sentido y con relación al caso descrito, lamentan que un 75% de las quejas son en el ámbito de la misma la administración pública a todos los niveles. De estas, la mitad se producen en el ámbito sanitario. Los puntos más calientes son la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.