La Plataforma per la Llengua  ha acudido a los tribunales con el fin de defender la Oficina de Derechos Lingüísticos, el organismo administrativo de la Conselleria de Educación del gobierno valenciano que vela para garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes de las dos lenguas oficiales.

La entidad se había personado previamente ante la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), para responder a la demanda de la "Asociación para la Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana" que busca la supresión de este organismo.

Entre las pruebas aportadas en defensa de la oficina de garantías lingüísticas, la Plataforma per la Llengua ha presentado varios casos de discriminación y hostilidad con respecto a los hablantes del valenciano, recogidos por la entidad en varios informes.
Así, desde la ONG del valenciano se ha realizado una tarea informativa y de asesoramiento jurídico a varias personas que han sufrido casos de discriminación para usar al valenciano en los últimos años. Por ejemplo, en el informe de la entidad sobre discriminaciones lingüísticas del año 2016 se recogieron numerosos casos ocurridos en relaciones con la administración local, autonómica o del Estado, y también en empresas privadas.

 

Desigualdad del valenciano ante el castellano

Para la entidad, la Oficina de Derechos Lingüísticos, recientemente creada por el gobierno valenciano, representa un servicio público fundamental para restablecer en la sociedad la normalidad de los usos que corresponden al valenciano como lengua oficial, que se encuentra en una situación de desigualdad respecto del castellano.

De hecho, la Plataforma per la Llengua recuerda que la Oficina de Derechos Lingüísticos no tiene carácter sancionador, sino que su finalidad es reparadora y preventiva de los derechos lingüísticos.

Su existencia está justificada por el artículo 3 de la Constitución Española y también por el artículo 6 del Estatuto de Autonomía que garantiza el derecho a vivir en valenciano, que es lengua oficial y reconocida como propia del territorio.
La Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV) atribuye a la administración la obligación de disponer de medidas para impedir discriminaciones y a garantizar el uso normal de la lengua propia. Igualmente, la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, suscrita por el Estado Español, obliga a la promoción del uso de las lenguas regionales y oficiales del territorio en la vida pública y privada. Por estas razones, la Plataforma per la Llengua considera necesaria y prioritaria la existencia de este órgano que defiende los derechos de los hablantes y que tendría que contribuir a la desaparición de los desequilibrios de uso entre las lenguas oficiales

 

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat