El equipo de gobierno de la Diputación de València ha acordado este lunes el cierre "ordenado" de la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa, tras la investigación judicial abierta por posible prevaricación y malversación en la contratación de altos cargos.

Así lo ha anunciado la presidenta en funciones de la corporación provincial, María Josep Amigó, tras la reunión del equipo de gobierno que iba a convocar la junta de portavoces para la celebración, previsiblemente esta semana, del pleno donde se hará efectiva la renuncia de Jorge Rodríguez como presidente de la Diputación a raíz de su investigación en la operación Alquería.

De esta forma, los cuatro partidos del gobierno se colocan en la misma posición. PSPV, Valencià en Comú y EU ya hicieron pública su voluntad de liquidar la empresa conocida antes como Imelsa, pero Compromis se resistía a tomar una decisión rotunda. Así, como ha declarado Amigó, "todos nos situamos en la misma hoja de ruta".

Aunque no se pueden programar plazos, la presidenta ha querido subrayar que los brigadistas no sufrirán ninguna consecuencia del cierre: se buscará un futuro para ellos tanto dentro de la diputación si jurídicamente es posible como ser asumidos por otro organismo público.

El Consejo de Administración de Divalterra se celebrará el jueves donde se cesarán a los tres cargos implicados en el Caso Alquería, los dos cogerentes Agustina Brines (Compromis) y Xavier Simón (PSPV) y el secretario y letrado Jorge Cuerda. Los tres abandonarán el cargo aunque Cuerda se mantendrá en la administración local dada su calidad de funcionario.

"Hay muchos trabajadores y por eso se va a hacer de forma ordenada", ha matizado Amigó tratando de tranquilizar las inquietudes de los brigadistas por su futuro. También se debatirá qué pasará con el personal de administración de Divalterra.