En los estados federales o plurales de Europa (Alemania, Suiza, Austria o Reino Unido...), la gestión de la pandemia se ajustó a la distribución del poder entre los gobiernos centrales y los gobiernos territoriales, al mandato jurídico y lógico de la subsidiariedad: los gobiernos próximos conocen mucho mejor los recursos y las necesidades del territorio y, además, son los que disponen de los medios personales para afrontar el peligro (sanitarios, servicios sociales, bomberos, policías o protección civil).
El estado español gestiona la sanidad de forma descentralizada desde el 2002 (1991 en el caso de Galicia, 1982 en el de Catalunya y 1988 en el de Euskadi). Por lo tanto, el gobierno central era consciente de la falta de medios y de expertising del Ministerio de Sanidad para afrontar la pandemia como mando único. Aun así, acordaron esta desajustada recentralización, que fracasó gravemente en su política de centralización de compras.
¿Por qué el Gobierno del Estado está escogiendo políticas más ineficaces? ¿Por qué arriesga su política social y de rentas?
En el desconfinamiento, Pedro Sánchez manifestó su propósito de continuar con el estado de alarma hasta el 1 de julio y de retener el mando único, aunque esta decisión lo obligara a prescindir de muchos de los aliados de la investidura (ERC, EH Bildu, BNG) y de servirse de la derecha de Cs. Un cambio de socios que hizo dar un volantazo a la derecha en la política social y económica contra los efectos financieros de la pandemia.
¿Por qué el Gobierno del Estado está escogiendo políticas más ineficaces? ¿Por qué arriesga su política social y de rentas? Primero, por la mentalidad centralista de la izquierda española. Después, por la ideología unionista y recentralizadora de la mayoría de las direcciones del PSOE y del PSC. No por casualidad el ministro Salvador Illa fue quien copresidió como máximo representante del PSC la demostración unionista, prácticamente monopolizada por el extremismo, del 8 de octubre del 2017 en Barcelona.
El 27 de octubre del 2017 los senadores del PSOE y PSC, con los de Cs y PP, acordaron un 155 que supuso la disolución del Parlament catalán y el cese del president de la Generalitat y de su Govern. Entonces muchos constitucionalistas denunciaron esta decisión, porque el 155 podría, como mucho, limitar el autogobierno, nunca susperlo o suprimirlo. La decisión del Gobierno del Estado fue aprobada por la mayoría del Senado (PP-Cs y socialistas).
La aplicación del 155 en 2017 y del estado de alarma en 2020 muestra de lleno quién es el poder soberano, en el sentido de decidir el estado de excepción que le dio el jurista filonazi Carl Schmitt, como recordaba hace unos días en estas páginas de El Nacional David González. Muestra de lleno lo que es prescindible para este Madrid político —y para el deep state— de la organización autonómica del Estado. Una prescindibilidad autonómica que comporta la falta absoluta de garantía del derecho de Galicia, Euskadi o Catalunya, no ya de decidir su futuro, sino de vivir sin inmisiones en un régimen de limitado autogobierno.