"Podéis arrancar al hombre de su país, pero no podéis arrancar el país del corazón del hombre"
Dos Passos
Leo en un diario que Roberto Cano lamenta que la decisión del Tribunal Supremo le convierta en un ciudadano de segunda al impedirle cautelarmente votar en las próximas elecciones, y es que él ha obtenido la nacionalidad porque su bisabuelo, Miguel Serra Horta, oriundo de Pineda de Mar, "se embarcó hacia Uruguay a finales del siglo XIX en busca de mejores oportunidades económicas de las que ofrecía su tierra natal". Haciendo estas declaraciones, nos ofrece el mejor ejemplo de por qué el Tribunal Supremo ha puesto en duda la concesión de ciertas nacionalidades y, por tanto, del derecho a voto de unas 163.000 personas que no se ajustarían al contenido de la ley de memoria histórica. Es un ejemplo de manual. ¿Qué hay que repararle a Roberto y a tantos como él? ¿Que sus antepasados tomaran una decisión libre, emigraran, se radicaran definitivamente al otro lado del Atlántico, procrearan en varias generaciones?
¿Tiene que decidir Roberto lo que suceda en Catalunya o lo que pase con la financiación o cualquier otra cosa? ¿En base a qué? Yo se lo digo: en base a una instrucción que se sacó de la manga una mera directora general —hermana de Óscar Puente, para más señas— que, haciendo de su capa un sayo, ampliaba los términos estrictos de la ley aprobada en el Parlamento y la estiraba como el chicle a su gusto. Por ese motivo, miles de personas que salieron hacia América por miles de razones que no fueron ni la guerra ni la represión franquista, ahora tienen un pasaporte de la UE y pueden decantar las decisiones que afecten a los que se quedaron aquí.
Ese es todo el lío. No se trata de que se les cercene el derecho a voto a nacionales españoles, sino de que se cuestiona si legalmente lo son. Y "legalmente" significa lo que diga la ley que emanó de la soberanía nacional y no lo que se le ocurriera a Bolaños y a Puente en comandita. Yo ya es que ni pienso en si estaban buscando un pucherazo o no, sino en el sindiós de regalar ciudadanías y pasaportes, algo que ningún país serio hace. Eso por no hablar de que están siendo inscritos algunos en el lugar de origen de sus ancestros y otros donde a los encargados dependientes del gobierno les peta. Les pongo el ejemplo del municipio madrileño de Tres Cantos, al que le han sumado 200 electores, un 25% de su censo CERA, cuando fue creado en 1991 y es obvio que de allí no salió nadie al exilio.
El Tribunal Supremo lo que ha hecho es suspender cautelarmente la inscripción en el censo de estas personas cuya nacionalidad procede del cumplimiento dudoso de la ley y darles audiencia para que se personen y muestren documentación que pruebe que descienden de exiliados políticos. Desde Moncloa nos dicen que, como se fueron "con una mano delante y otra detrás", eso es imposible de probar o que "al salir no te daban un carné de exiliado". Obviamente, no dicen la verdad. Tenemos la realidad fehaciente de que muchos lo han probado conforme a la Ley de Memoria Histórica. La propia instrucción recogía como posibles pruebas los justificantes de haber recibido pensiones de exilio, la documentación de organismos internacionales de refugiados, los certificados e informes de partidos políticos y sindicatos que resultaron perseguidos y, por supuesto, los documentos de oficinas de refugiados que todos los países de acogida establecieron para filiar a los que fueron llegando y billetes de viaje, cartas, inscripciones consulares, inscripciones de matrimonios y tantas otras. Nos vendrán diciendo que, aun así, hay quien no conserva nada de eso y, alego yo, pues si nada han encontrado y nada han guardado, será que mucho valor, siquiera afectivo, no le daban. Lo cierto es que por el coladero de la instrucción de Puente se han colado hasta los bisnietos de los emigrantes económicos de finales del XIX y principios del XX y que ahora, sin haber tenido intención ya no de volver, sino siquiera de venir de visita, anhelan un pasaporte granate en el que ponga "UE". Miren, justo como el caso con el que abría esta columna. También podrían, no lo negaremos, venir a nuestro sistema sanitario a resarcirse de todas las miserias y la falta de atención de sus países de origen, a cuya nacionalidad ni siquiera tienen que renunciar. Todo bien barato. Y justamente eso, que la ley se extendiera a los migrantes económicos, fue vedado por las Cortes, que rechazaron la enmienda que en ese sentido presentó Ciudadanos, PSOE incluido.
A mí lo que más me extraña es toda esta alharaca del gobierno y partidos afines que consideran como una afrenta que estas personas no puedan votar en estos comicios. Y es curioso porque, si de reparar se habla, llevaban sin reparar casi un siglo, así que tampoco pasaría nada porque todo se aclarara y el justo y estricto cumplimiento de la ley emanada del pueblo se asegure. Que no entro yo en lo del pucherazo, pero que les ha entrado a ellos un apretón que les lleva a hacer pucheros. Como les decía, los derechos están perfectamente preservados, ya que el Tribunal Supremo les ha dado audiencia para que se personen y subsanen, si pueden, esa falta de documentación o aleguen lo que estimen conveniente. Ellos, los afectados, y no Bolaños y compañía, que, además, pensaban ganar la partida —¿esto no era mera reparación y justicia?— en el Tribunal Constitucional y no podrán hacerlo dado que la Abogacía del Estado no tiene legitimación para acudir en amparo y menos de un grupo. Tienen que ser los ciudadanos los que, personalmente, lo hagan cuando terminen la vía de la jurisdicción ordinaria.
Veo a los de Sánchez y a la izquierda agobiados porque no lleguen a tiempo o decidan no complicarse y no alegar. No sé por qué. En todo caso, la ley es para todos y no la puede cambiar Sofía Puente por encargo de su jefe. No se está privando de derechos a nadie, se está considerando si en realidad eran votantes accidentales. Como el biznieto de Miguel Serra Horta, que salió de Catalunya en 1880 y nunca volvió. Hasta ahora, que su bisnieto ya votó en las elecciones a la Generalitat del 2024. ¿Cómo lo ven?