Desde 2004, el Tribunal de Estrasburgo ha condenado hasta en nueve ocasiones al estado español por torturas o por no haber investigado denuncias por torturas. Abusos como el encarcelamiento alejado de las familias, falta de asistencia sanitaria, aislamiento prolongado o malos tratos se dan en los centros penitenciarios españoles.

El Comité de Prevención de la Tortura denuncia la práctica de atar a los presos en las cárceles españolas. Este mismo Comité ha solicitado la eliminación del régimen de detención incomunicada de la legislación española, denunciando de manera especial que el aislamiento se utilice como medida de castigo. De manera específica, además, se pide la modificación legislativa que prevé la posibilidad de mantener aislado a un menor durante 7 días, considerándolo excesivo. Incluso, este periodo considerado como “máximo” en la ley, ha sido utilizado de manera consecutiva respecto de una misma persona en tres ocasiones (suponiendo así 21 días de aislamiento).

El Comité de Prevención de la Tortura ha pedido en reiteradas ocasiones a las autoridades que combatan los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. Además, se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial para señalar, una vez más, que los jueces de vigilancia penitenciaria actúan refrendando decisiones tomadas por la administración y no como entidades independientes e imparciales.

España ha sido condenada por no investigar casos de torturas. Recientemente hemos recibido noticias desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: ha condenado a España por trato inhumano y degradante a los terroristas de la T4. La corte ha sentenciado que España deberá indemnizar a los etarras Portu y Sarasola, quienes denunciaron torturas y lesiones en el momento de su detención. Y en este sentido, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa les dio la razón, condenando a cuatro guardias civiles por ello. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó la condena y determinó que no había pruebas de torturas, alegando además que todo había sido una denuncia falsa de los terroristas, quienes presentaron los informes médicos de su ingreso en el hospital. Concretamente, Portu, estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos tras su detención, con un colapso pulmonar, dos costillas rotas, neumotórax y hematomas por todo el cuerpo.

A Sarasola, según la sentencia, le colocaron una pistola en la sien, le dijeron que iban a hacer como a Mikel Zabalza. Grande-Marlaska, el actual ministro, era el juez instructor. Zabalza fue asesinado por la Guardia Civil en 1985.  Su caso quedó cerrado por considerarse desde instancias judiciales que se ha “agotado la investigación”. A pesar de que la autopsia certificó la muerte por “asfixia por sumersión” y que esta no fue en el río Bidasoa, lugar donde se encontró el cuerpo, tras haber sido rastreado previamente, días después de su detención y desaparición.

Fueron acusados y condenados concretamente los ex guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal. Estos dos nombres seguramente les suenen, porque fueron condenados por el asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

Pero no hace falta irse tan lejos. El pasado sábado, en el programa de TV3 Preguntes Freqüents, se produjo una confesión que, sorprendentemente, no ha tenido recorrido en España. A pesar de su gravedad. Entrevistado el que fuera subteniente de la Guardia Civil, Manuel Pastrana, dejó constancia de lo que ya se había denunciado anteriormente. Pero dijo más, mucho más.

Todo lo que cuenta Pastrana, aunque ya ha sido investigado, publicado y denunciado, tiene especial importancia. Él fue uno de los guardias civiles que participaron en todo ello. No se arrepiente. Y explica con claridad que todo aquello no fue obra del PSOE de Felipe González. Que venía de antes y que los gobiernos se encargaron de continuar con ese “legado”. No titubea. Es contundente. De la misma manera que señala con claridad quién estaba detrás del 23-F.

Queda mucho trabajo por hacer. Principalmente conocer la verdad, denunciar las aberraciones cometidas, poner medidas para que esto no siga sucediendo y no vuelva a suceder. Porque, por desgracia, se siguen dando casos de violación de derechos fundamentales en personas detenidas y privadas de libertad, ya sea con sentencia firme o sin ella.

Uno de los servicios que trabajan para dar voz ante estas violaciones es Sirecovi. Hoy piden apoyo en una campaña para recaudar fondos. Sirecovi es un sistema de registro y comunicación para la protección de víctimas de violencia institucional. Está creado y gestionado por el Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos, organismo que funciona en el Centro de Investigación de la Universitat de Barcelona. Sus servicios se ponen en marcha ante las denuncias realizadas bien por la propia víctima, por sus familiares, amigos, o cualquier persona que tenga conocimiento de la violación de los derechos fundamentales en este ámbito.

Debemos asumir que todos podemos construir una sociedad más justa, más pacífica y, sobre todo, que aplique las medidas proporcionadas y en base al estado de derecho, tanto nacional como internacional. Es garantía de justicia, es seguridad para todos. Por eso es fundamental denunciar cualquier violación que se produzca, sobre todo si viene de la mano de quienes han de preservar y garantizar el cumplimiento de la ley, garantizando los derechos fundamentales de todos los seres humanos.

No te extrañes si de esto oyes hablar poco. Ya has visto lo que cuenta el exagente Pastrana. Quien conoce, quien dirige y quien marca los pasos siempre ha estado ahí. Es responsabilidad de todos que la verdad salga a la luz y se tomen las medidas que solamente un estado democrático y de derecho ha de aplicar.

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