Que en todos los colectivos humanos existen buenas y malas personas y que en todo caso las personas pueden llevar a cabo acciones reprobables es una obviedad aplicable a políticos, jueces, empresarios y asalariados de cualquier sector. La tentación de corromperse aumenta en la medida en que lo hace la capacidad para ejercer algún tipo de poder, y por eso es fácil que quien nada puede hacer sea crítico en extremo con quienes sí pueden y lo hacen, salvo, por supuesto, que de algún modo los beneficie, pues, si se trata de colarse en el trámite del pasaporte, ¿quién, pudiendo, ha dicho que no? Pero si hablamos de lo mollar, reordenar expedientes administrativos para privilegiar algunos, o determinar medidas cautelares aplicables a investigados en un proceso, o ensañarse con un contribuyente, o acordar arbitrariamente la concesión de una ayuda o subvención pública, serían ejemplos de lo que, a lo grande, habrán sido tantos contratos para la compra de mascarillas para la pandemia, aunque el que implica a un ministro sea especialmente lastimoso. Pero no digo nada nuevo, pues, aunque también con más o menos foco según les interese, los periódicos y en general cualquier canal de noticias están continuamente haciendo referencia a irregularidades de ese tipo.
En general, todo ello se hace a razón de algún beneficio y, sobre su efectiva constatación, determina la norma que deba aplicarse la correspondiente sanción. Algunos de los que conocemos y supuestamente parte de los que conoceremos a lo largo de los próximos tiempos son avisos a otros que puedan verse tentados a actuar igual. Es lo que se denomina la función preventiva de la pena, aunque hayamos también constatado hasta la náusea que tiene escaso efecto, y aunque quizá tenga más efecto mimético la recompensa que la ley otorga al arrepentido que colabora en la persecución de otros delincuentes. Atentos hemos de estar a Julito Martínez y Leire Díez, y por supuesto a lo que siga saliendo del buche de Aldama.
De todo ello ha tenido que hablar en el Congreso el presidente del Gobierno este pasado miércoles en su comparecencia voluntaria (pero también exigida por otros grupos parlamentarios) sin que haya deparado la sesión más que la recurrente sensación de que esto ya lo hemos vivido; que, incluso el hecho de que un entrenador de fútbol se permita incitar a la gente desde el balcón de un ayuntamiento a insultar a Pedro Sánchez, hace risible el gesto indignado de quienes lo acusan de incitar al odio, pues deberían preguntarse si no está mimetizando esa libertad de expresión en la que se ampara Gabriel Rufián para llamar a Amazon asesino o la que legitima a Abascal para llamar felón al presidente, o, ya en la cima del despropósito, el conjunto de insultos de barra de bar con los que se prodiga Óscar Puente (puesto allí para que su presidente no se manche la boca).
Esto que vemos ya no es política parlamentaria, sino acre e intolerante diálogo de sordos con los papeles leídos
Nada han dicho de relevante unos y otros, esos que hace tan poco aplaudían al Papa en su visita a la Cámara de la representación popular. Recordando aquel momento, para algunos indignante porque parecía querer acabar con "derechos conquistados por las mujeres con tanto esfuerzo" (Irene Montero dixit), en realidad fue capaz de expresar una idea de justicia que es legítima porque sencillamente nos recordaba la necesidad de proteger la vida humana allí donde se encuentre… o se aloje.
Y nos dejó también una verdad el Papa: esto que vemos ya no es política parlamentaria, sino acre e intolerante diálogo de sordos con los papeles leídos, igual que los argumentos que se aprenden para las tertulias los opinadores de parte, todo ello bañado en una creciente y peligrosa crispación que, como los inicios de los grandes incendios, puede partir de la banalidad y convertirse en devastadora tragedia en tan poco tiempo que nos dé capacidad para resolver nada. El Papa vino hace unos días, que ya parecen meses, a dejarnos, desde la consideración a la persona, un mensaje sobre la verdad y la justicia que, con tanto ruido, es difícil de aplicar y que, desde luego, ningún político del presente parece en condiciones de replicar. Si bajásemos el volumen…